La Cámara de Diputados continuó hoy en una reunión informativa y con la presencia de expositores con el análisis del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, impulsado por el oficialismo y remitido por el Senado, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.

El debate se concretó en el marco de un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), con exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial.

Tras las exposiciones, Tailhade anticipó que el plenario seguirá avanzando con el debate y adelantó que la semana próxima volverán a reunirse para seguir con el análisis de la reforma.

Se trató de la tercera reunión con la exposición de invitados desde que se puso en marcha el debate del proyecto, el pasado martes 17 de mayo, luego de la jornada constitutiva de las comisiones de Trabajo, el martes 10, por la que pasaron una veintena de especialistas.

En esta oportunidad, el referente de la Asociación por los Derechos Civiles, Alejandro Segarra, planteó la necesidad de que se incluyan en la reforma "lineamientos más específicos, como la formación, experiencia laboral, cómo se puntúan este tipo de antecedentes e incluir perspectiva de género en todas las etapas de evaluación de candidatos" y pidió "hacer más efectiva la cláusula en cuanto al trato igualitario de candidatos que se desempeñan dentro del Poder Judicial y los que se desempeñan en la libre profesión".

Por su parte, Sebastián Pilo, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, consideró que "necesitamos cambios significativos en el funcionamiento del Poder Judicial y del Consejo", señaló que "lo deseable es discutir en serio una vía de solución" y cuestionó el proyecto sancionado por el Senado, al sostener que "elimina a las segundas minorías y a un juez o jueza" y remarcar que "el actual muestra mayor pluralidad en la representación política".

A su turno, el jurista y exministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que "hay que disminuir las facultades discrecionales que tiene el Consejo" y sostuvo que la media sanción del Senado "merece varios reparos".

No obstante, señaló que "estamos en el ámbito adecuado pero no podemos decidirlo de cualquier manera. Hago votos para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso que nos permita tener una institución que funcione de manera adecuada".

Por su parte, la abogada especialista en derecho constitucional, Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, destacó la importancia de que se avance "en los consensos para poder modificar el Consejo" y pidió a los legisladores no sancionar "un proyecto que tenga visos de inconstitucionalidad".

Asimismo, Sebastián Guidi, profesor de Derecho Constitucional, propuso trabajar "sobre los requisitos para la selección de los jueces como, por ejemplo, no haber sido candidato" y aseveró que "este es el mejor momento para la reforma", al afirmar que "los mejores momentos son los de incertidumbre electoral".

Al finalizar las exposiciones, la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño consideró que "el tema del equilibrio es el tema más importante" y dijo que "el desafío es poder conseguir que la política llegue a los acuerdos que deben ser mayoritarios para que el Consejo tenga fortaleza".

Luego de esta reunión, el oficialismo continuará en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto del proyecto.

De esta manera, el Frente de Todos, con sus 118 miembros, podría sumar como aliados a los cuatro integrantes del interbloque Provincias Unidas, al santacruceño de SER Jorge Vidal y uno o dos votos más, número insuficiente en pos del objetivo de reunir el quórum de 129 diputados para habilitar el inicio de una sesión.

En contra del texto enviado por el Senado ya se expresaron los 116 diputados de Juntos por el Cambio (JxC), los cuatro "libertarios" y algún miembro de monobloques.

La situación de paridad la debería definir, entonces, el interbloque Federal, que cuenta con ocho integrantes que responden a tres espacios políticos diferentes: Identidad Bonaerense, el Socialismo santafesino y Córdoba Federal.

El proyecto impulsado por el oficialismo eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y crea cuatro regiones en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de comisiones.

Por esa razón, el Consejo empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes y ya tuvo su primera reunión con la nueva conformación, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, de la que participaron también el senador nacional peronista Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes, los dos últimos consejeros en integrarse al cuerpo, designados por sus respectivas cámaras, de acuerdo con lo ordenado por la Corte. (Télam)