La fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno de Montevideo, a cargo del fiscal Ricardo Lackner, fue designada para intervenir en el expediente por el pedido de detención y extradición librado por la Justicia argentina en relación al parlamentario del Mercosur y supuesto operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

Voceros de la Justicia uruguaya señalaron que el fiscal designado para el caso estudiaría las más de 200 fojas que tiene el expediente antes de adoptar cualquier medida, pero adelantaron que antes de que eso ocurra la jueza de Crimen Organizado de turno Adriana Chamsarián podría expedirse sobre la solicitud de refugio presentada por Rodríguez Simón.

El trámite para convertirse en refugiado político, tal como solicitó “Pepín”, suele estar a cargo de la CORE (Comisión de Refugiados) integrada por representantes del Poder Ejecutivo del país, a la que se le pide recepción en esa condición, pero el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que juez cuando la solicitud ocurre al mismo tiempo que el pedido de extradición.

"Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición. De la misma forma se procederá cuando la solicitud de refugio sea posterior al pedido de extradición", reza la ley.

El pedido de extradición llegó a la justicia uruguaya luego de que la Cancillería remitió al gobierno de ese país el exhorto que solicita la detención y extradición de Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y exmiembro de la "mesa judicial" de Juntos por el Cambio (JxC), dispuesto por la jueza federal María Servini para tomarle indagatoria.

El pedido de detención que recibió la justicia uruguaya de parte de su par de la Argentina tramita en paralelo a la orden de captura internacional emitida por la jueza Servini que aún no fue aprobada por Interpol (que en caso de hacerlo, debería lanzar una alerta roja para que se detenga al imputado en cualquier parte del mundo).

La decisión de buscar refugio en Uruguay fue informada por el propio imputado a través de distintas entrevistas televisivas, pero además fue notificada de manera formal por su abogado ante el juzgado de Servini, que entendió ese movimiento como un intento de evadirse de la justicia.

Fue en ese contexto que la magistrada declaró a Rodríguez Simón en "rebeldía" y ordenó su captura nacional e internacional para someterlo a indagatoria tras considerar que la exclusiva decisión del imputado evidenciaba su "voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia".

A fines de la semana pasada, la Justicia penal de Montevideo rechazó una solicitud de habeas corpus que había presentado Rodríguez Simón y que en caso de ser aprobada le hubiera permitido evitar una eventual detención en ese país.

La resolución estuvo a cargo del juez letrado de primera instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien el exasesor jurídico de JxC había interpuesto un segundo habeas corpus –el primero había sido rechazado el 7 de mayo- en el que se definió como víctima de persecución política y dijo que la Justicia argentina buscaba detenerlo arbitrariamente. (Télam)