El Senado de la Nación aprobó hoy por unanimidad y giró a Diputados el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se establece una reparación histórica a las víctimas, y a sus derechohabientes, de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, previa a la salida del gobierno de la Alianza.

La iniciativa había sido dictaminada a mediados de año y no estaba incluida en la sesión especial de hoy, en la que se aprobó el Presupuesto 2023.

Sin embargo, sobre el final de la discusión la mendocina oficialista Anabel Fernández Sagasti propuso la moción para tratar el tema sobre tablas.

El proyecto obtuvo 37 votos favorables, del Frente de Todos y de sus aliados, ya que la oposición decidió no participar de ninguno de los debates que se llevaron a cabo en toda la jornada, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema.

El proyecto aprobado establece un beneficio extraordinario para las víctimas, los herederos y los derechohabientes de quienes fueron reprimidos durante las protestas de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminaron con el Gobierno del presidente radical Fernando De la Rúa.

En aquellas jornadas la represión policial dejó casi cuarenta muertos en todo el país y más de 500 heridos, según cálculos oficiales.

"Sabemos que una compensación económica no devuelve a la vida a las personas que la perdieron en la gravísima represión sufrida por los ciudadanos ese 19 y 20 de diciembre de 2001", mencionó Fernández Sagasti.

Además, la legisladora que está como cabeza del interbloque del Frente de Todos por la ausencia del formoseño José Mayans, quien se encuentra internado afectado de una dolencia gástrica, destacó que "la reparación debe ser integral, tal como el Estado hizo con los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan y con las víctimas de la explosión de los arsenales de la ciudad de Río Tercero".

"A casi 21 años de esa represión, es fundamental que el Congreso reconozca a las víctimas y a sus derechohabientes", sentenció.

(Télam)