La ONU reconoció que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sufrió una persecución por no contar con las garantías legales durante los procesos judiciales en su contra y por los que terminó en prisión.

La medida fue determinada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que aseguró que durante la investigación y el juicio contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se violaron sus derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, a la privacidad y sus derechos políticos.

El órgano presentó el pasado jueves sus conclusiones sobre la denuncia presentada por el ex mandatario sobre cómo fue llevado a juicio en la investigación de corrupción más grande de la historia de Brasil, expediente conocido como Lava Jato. Los expertos del Comité reconocieron la obligación de los Estados de indagar y enjuiciar a los funcionarios públicos independientemente de su jerarquía, pero subrayaron que estas averiguaciones deben realizarse dentro del marco de la ley.

Lula da Silva fue presidente de Brasil de 2003 a 2010. En 2016 se lo investigó por supuesta participación en dos hechos de corrupción dentro del escándalo que involucró a la empresa Petrobras, compañías constructoras y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. La investigación estuvo a cargo del ex juez federal en lo Penal Sergio Moro, quien ordenó escuchas al ex mandatario, su familia y abogado.

Esos audios fueron difundidos a la prensa antes de formular cargos formalmente. Asimismo, el Comité de DDHH de la ONU advirtió que el ex magistrado también emitió una orden judicial de detención a Lula para interrogarlo y que la orden se filtró a la prensa, lo que dio lugar a fotografías del ex presidente que lo hicieron aparecer como si estuviera arrestado.

El órgano de las Naciones Unidas explicó que la orden de arresto violó la ley interna y el derecho a la libertad personal de Lula y que las escuchas telefónicas y la divulgación de sus conversaciones al público violaron su derecho a la privacidad.

Alberto Fernández, Pepe Mujica y Lula Da Silva.

"Los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado; sin embargo, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso", dijo Arif Bulkan, integrante del Comité.

Luego de la determinación de las Naciones Unidas, el presidente Alberto Fernández celebró la medida: "Al reconocer la persecución a Lula abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una Justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho". "Hoy le escuché decir a mi querido amigo Lula que esto representa para él un `lavado del alma´.

No pude dejar de recordar sus palabras y el abrazo que nos dimos cuando lo visité en los días en los que estuvo detenido, sometido a una injusta prisión", señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Con la alegría de esta noticia, renuevo mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo tiempo asome en América Latina". PT/KDV NA