Cada vez más cerca del juicio oral, la diputada nacional de la UCR por Chaco, Aída Ayala, insistió hoy en su "inocencia" y pidió revisar "las pruebas físicas" de la causa en su contra por supuesto lavado de dinero. "Siento la necesidad de reafirmar mi inocencia y rechazar cada uno de los delitos de los que se me acusa", arrancó la legisladora de Cambiemos en una extensa nota que tituló "Mi situación judicial". Allí desarrolló una defensa pormenorizada de cada una de las acusaciones que pesan en su contra en la causa por la que se encuentra procesada por presunto lavado de activos, la cual quedó al borde del juicio oral. En los últimos días, la Cámara Federal de Resistencia dejó firme el procesamiento con prisión preventiva de Ayala, acusada de integrar una asociación ilícita que lavaba dinero a través de contratos irregulares con una firma de recolección de residuos de Resistencia, en momentos en que se desempeñaba como intendenta de esa ciudad. "No pido más que lean las pruebas físicas existentes en el expediente, que se realice un análisis responsable de la causa, ya que todas las instancias judiciales no lo han hecho. Ese es el motivo por el que con mis abogados apelamos, porque es arbitraria y escandalosa la decisión de la Cámara de Apelaciones de Resistencia", sostuvo. Para Ayala, el fallo del tribunal de apelaciones "realiza afirmaciones dogmáticas, genéricas y abstractas, sin justificar la necesidad de la prisión preventiva en la existencia concreta de riesgos procesales"
"A esto se le suma que implica una afectación evidente al principio de inocencia, en la medida que establece un principio, absolutamente irrazonable, según el cual se debe encarcelar a todas las personas que ocupen cargos públicos y que resulten investigadas por hechos cometidos durante funciones ejecutivas", se quejó. En este sentido, reclamó que se expliciten las razones por las cuales ella podría hipotéticamente "profugarse" en el transcurso de la investigación de la causa, "o qué evidencia existe que pueda alterar el curso de la investigación". "Estas circunstancias no existen, no hay ninguna prueba o indicio de los riesgos procesales que determinan una prisión antes de la sentencia", agregó. Según Ayala, no existe ninguna posibilidad de que pueda obstruir la producción de las medidas de prueba en la investigación, al tiempo que niega tener una capacidad económica de una magnitud suficiente como para entorpecer la tramitación del juicio. Con el procesamiento y el pedido de detención firme, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados debería reactivar el trámite de desafuero, cuyo avance estaba supeditado a la definición que el tema tuviera en la Justicia. De acuerdo a la "doctrina" acordada por el interbloque Cambiemos, el desafuero procede en tanto y en cuanto se encuentre confirmada por la Cámara de Apelaciones, por lo que es esperable que el trámite de descongele y recobre impulso no bien la Cámara de Diputados retome la actividad al cabo del receso estival
SH/MG/OM (Noticias Argentinas)