Advierten que el TOF 2 restringe la libertad de expresion en juicio de lesa humanidad

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró como una "restricción ilegítima a la libertad de expresión" y pidió que se revierta la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que prohibió la transmisión de un juicio por delitos de lesa humanidad por parte del medio comunitario La Retaguardia.
El juicio, a cargo de los magistrados Javier Ríos, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, analiza la responsabilidad de 6 exmiembros del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de la ciudad de Mercedes, acusados por crímenes de lesa humanidad -secuestros y torturas- cometidos contra 37 víctimas, de las cuales ocho continúan desaparecidas o fueron asesinadas.
Están imputados los exmilitares y excarapintadas Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello, exdiputado diputado nacional por el MODIN de Aldo Rico, quien integra el grupo de testigos convocados por las defensas.
La presentación realizada por la Defensoría advierte que la restricción impuesta por el TOF 2 "contra un medio de comunicación comunitario como La Retaguardia, significa una limitación al ejercicio de la libertad de expresión incompatible con el artículo 13 de la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos)".
"Cuando el poder público, sea por medio de su poder ejecutivo, judicial o legislativo, establece obstrucciones injustificadas para impedir la circulación de información, estamos ante una transgresión al art. 13 de la CADH que implica una grave restricción de la libertad de expresión. En estos casos, se produce una afectación tanto al derecho del medio de comunicación a expresarse como al derecho de sus audiencias a estar informados", señaló la Defensoría.
Los jueces del TOF 2 permitieron la trasmisión del inicio del debate y anunciaron que harán lo mismo en el cierre del proceso, pero no avalaron que pudieran difundirse las testimoniales, aunque sí las declaraciones de los imputados.
Para apoyar su pedido a favor de La Retaguardia, la defensora Miriam Lewin aludió al régimen constitucional y procesal vigente, a normas específicas en materia de derechos humanos e incluso la acordada de este año de la Cámara Federal de Casación Penal.
Además de que el Poder Judicial en general, a partir de la pandemia de coronavirus avaló el uso de medios digitales para garantizar el acceso a la justicia, la acordada de la Cámara dispuso como regla general "arbitrar los medios para transmitir la audiencia a través de plataformas tecnológicas idóneas, a fin de garantizar la publicidad del acto".
El juicio investiga el rol de integrantes del Regimiento de Mercedes en el secuestro y torturas entre mayo y julio de 1976 de 37 personas.
Entre las víctimas figura Rocío Martínez Borbolla, madre de los periodistas Bárbara y Camilo García, impulsores de la investigación y querellantes en el juicio oral.
"La negativa del TOF 2 a la transmisión del juicio configura una restricción ilegítima a la libertad de expresión y al acceso a la información de interés público", concluyó en el punto sexto de su presentación la Defensoría.
En ese sentido, remarcó que "no se observa cómo la transmisión de los juicios de lesa humanidad por el medio comunitario La Retaguardia podría significar una afectación al funcionamiento de las instituciones democráticas y tampoco está Defensoría del Público ha tomado conocimiento de fundamentos desarrollados por el tribunal que así lo demuestre de forma cierta". (Télam)