El presidente de la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el abogado Jonatan Baldiviezo, cuestionó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por "violar, esquivar y no cumplir con las instancias de participación ciudadana" para la venta de inmuebles públicos, y denunció que "los terrenos se venden para hacer negocios inmobiliarios y no para mejorar los servicios o equipamientos urbanos".

Baldiviezo presentó el viernes pasado una acción de amparo para frenar la venta en subasta pública, fijada para el 26 de abril próximo, de un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el que funciona un Centro de Desarrollo Infantil (CeDI).

Esa venta se autorizó por ley 3.397, pero el Observatorio del Derecho a la Ciudad sostiene que se trató de una decisión tomada sin la previa convocatoria pública y participación ciudadana.

Baldiviezo recordó que, de ese modo, se viola el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, que prevé la convocatoria a audiencia pública "obligatoria" ante determinadas situaciones como, por caso, las "modificaciones de uso o dominio de bienes públicos".

"Más allá de lo que escuchamos que dice Horacio Rodríguez Larreta, que es un gobierno de diálogo, en los hechos es un gobierno que tiene una aversión a la democracia participativa", señaló Baldiviezo en declaraciones a Télam y luego agregó: "Hace todo lo posible para esquivar las instancias de la participación ciudadana, que hacen a la transparencia".

Sobre ese punto, el abogado advirtió que "algo parecido sucedió" en el caso del "predio de Costa Salguero, que también se vendió y la Justicia lo frenó porque reconocieron que no habían cumplido con los procedimientos que la Constitución (de la CABA) establece" y mencionó, entre ellos, "la convocatoria a la audiencia pública".

"No convocarlas es hacer que de estas decisiones no se entere la ciudadanía", alertó y luego insistió sobre lo que considera una práctica recurrente de la administración porteña: "Cuando no les queda otra que convocar a las audiencias públicas, como fue el caso de la Costanera, que es el último proyecto, no el primero, que está frenado por la Justicia, lo que hacen es ningunear la participación ciudadana".

Baldiviezo, sin embargo, destacó que a pesar de esa actitud de la gestión porteña se pudo frenar otra causa judicial que involucraba inmuebles y patrimonio de la ciudad, "que es la venta de 80 hectáreas de tierra pública de la ciudad de Buenos Aires, en la que no respetaron el procedimiento de doble lectura".

Cuando se requiere ese modo de actuación, la Legislatura debe "aprobar el proyecto una vez, convocar a una audiencia pública y volver a votar en segunda lectura", recordó el abogado.

Como evaluación general, el titular del ODC concluyó que en CABA, cada vez que se avanza en la venta de tierras públicas, se consolida "una política de transferencia de recursos públicos a manos privadas".

"Las tierras que se venden en la ciudad de Buenos Aires se venden mal, se venden barato y se venden para hacer negocios inmobiliarios, no para mejorar los servicios o equipamientos urbanos de la ciudad", denunció.

Y en el mismo sentido añadió: "A los privados les resulta bastante más económico obtener estas tierras públicas en subasta que ir a negociar y conseguir nuevas tierras en el mercado".

"Tenemos contabilizado que desde que asumió el último gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, en 2018, se han privatizado más de 500 hectáreas de tierras públicas", aseguró.

Además, Baldiviezo difundió las conclusiones de un estudio sobre los procesos de enajenación de inmuebles o predios del patrimonio de la ciudad realizados en los últimos años: "La gestión de Rodríguez Larreta casi duplicó lo que Macri vendió en 8 años", puntualizó.

El miércoles pasado, la Justicia porteña ordenó al Grupo Portland -constructora especializada en desarrollos inmobiliarios- que suspenda la construcción de dos torres de hasta 100 metros de altura en el barrio de Palermo por "incumplimientos y violaciones al Código de Planeamiento Urbano", de acuerdo a una resolución en la que consta que a pesar de los incumplimientos el permiso de obra había sido otorgado por el GCBA.

La resolución fue ordenada por la titular del Juzgado 4 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, quien dispuso así suspender las obras de la avenida Luis María Campos al 100 "hasta tanto recaiga sentencia definitiva o se modifiquen las cuestiones técnicas y reglamentarias observadas", informó sobre la decisión judicial el portal web del Poder Judicial de CABA.

La sentencia definitiva a la que hizo referencia Liberatori se espera en la causa iniciada contra el gobierno porteño por dos asociaciones civiles, la Defensoría de Laburantes y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que dirige justamente Baldiviezo.

Sobre la resolución de la jueza Liberatori, el legislador porteño Matías Barroetaveña (Frente de Todos) afirmó en diálogo con Télam: "Es bueno que la Justicia le recuerde a Larreta que la ciudad no es un bien personal del que puede disponer libremente, como le hace pensar la mayoría legislativa de que dispone".

Asimismo, Barroetaveña señaló que desde el oficialismo local de Vamos Juntos (que agrupa al PRO y a la Coalición Cívica-ARI pero cuenta con los votos de legisladores de la UCR y el socialismo), "no solo modifican los Códigos Urbanísticos y de edificación para facilitar los desarrollos inmobiliarios a costa del Ambiente y de la calidad de vida", sino que además "a través de interpretaciones del Ejecutivo, violan esas mismas normas que acaban de sancionar".

Frente a una política sostenida de venta de terrenos públicos, el caso que más resistencia despertó es la reciente prórroga de la concesión por el predio de Costa Salguero, dispuesta el 9 de abril pasado, y el llamado a licitación para erigir obras de infraestructura en ese predio costero: la gestión de Rodríguez Larreta pretende construir allí un barrio premium con diez bloques de edificios de entre 18 y 29 metros de altura.

Esa decisión generó una ola de cuestionamientos en los espacios políticos de la oposición en CABA pero también en vecinos, en jóvenes y en asociaciones de protección de la naturaleza, resistencia que en las últimas semanas se tradujo en el despliegue de una campaña de recolección de firmas que propone destinar esas tierras a un parque público que se llamaría Diego Maradona.

La iniciativa popular debe reunir 40.000 apoyos (1,5% del electorado de la CABA) para que deba ser tratada obligatoriamente por la Legislatura en un plazo de 12 meses, según lo establece la ley Nº 40 de la Ciudad.

Más allá de la campaña de firmas, y mientras en la Legislatura sigue el debate por el futuro del predio, el gobierno porteño publicó el 9 de abril en el Boletín Oficial local una resolución del ministerio de Desarrollo Económico que prorroga por varios meses el plazo de concesión a la empresa Telemetrix para la explotación económica del complejo Costa Salguero, centro de convenciones y habitual búnker de Juntos por el Cambio en fechas de elecciones.

La prórroga contempla la extensión del uso hasta el 31 de julio del sector delimitado por el Río de la Plata, el canal de desagüe Arroyo Ugarteche, la avenida Rafael Obligado y la avenida Presidente Ramón Castillo, mientras que dispone la vigencia hasta el 31 de diciembre del polígono más cercano a la Costanera. (Télam)