El diputado macrista del Parlasur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón formalizó hoy el pedido para ser considerado refugiado en Uruguay por motivos políticos, luego de anunciar ayer que se quedará en ese país y no volverá a la Argentina para prestar declaración indagatoria en la causa en la que está acusado de extorsionar a empresarios a los que el gobierno de Cambiemos consideró enemigos.

La decisión del hombre cercano al expresidente Mauricio Macri lo coloca en una situación reñida con la Justicia argentina dado que la jueza federal María Romilda Servini le había impuesto la prohibición de salir del país (decisión que fue apelada pero aún no fue tratada por la Cámara Federal porteña) y, luego de algunas postergaciones, le fijó fecha de indagatoria para el próximo 17 de junio.

Ante el pedido de ser considerado un refugiado político en Uruguay, el dirigente del PRO y Juntos por el Cambio no podrá ser extraditado a la Argentina por un período de 90 días, plazo en el cual el país al que recurrió deberá definir su situación legal, según explicaron fuentes que siguen el caso.

Rodríguez Simón anunció ayer a través de un comunicado enviado a los medios y por medio de una entrevista que le concedió al canal de noticias LN+ que no piensa regresar a Argentina, ya que se considera víctima de una "persecución" y porque tiene "temores fundados de que, si lo hiciera, sería privado indebidamente" de su libertad, con "peligro" para su seguridad.

La noticia no cayó bien en los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde conocen a "Pepín" como uno de los principales operadores judiciales del macrismo, según pudo reconstruir Télam a través del testimonio de jueces y fiscales que lo consideran el autor intelectual de muchas de las denuncias que se presentaron entre 2015 y 2019.

La principal causa por la que Rodríguez Simón se encuentra imputado es la que tiene como denunciantes a los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, quienes lo acusan de ser el promotor de supuestas extorsiones contra ellos y sus empresas perpetradas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ayer, al mismo tiempo que "Pepín" anunciaba que no volvería a la Argentina, la jueza Servini recibía el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) sobre las llamadas entrantes y salientes de un grupo de exfuncionarios acusados de formar parte de la denominada "mesa judicial" de Cambiemos, que habría orquestado las presiones sobre el Grupo Indalo, de López y De Sousa.

Ese grupo de funcionarios incluye a Macri, a Rodríguez Simón, al exasesor presidencial José María Torello, al extitular de la AFIP Alberto Abad y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel (luego ministro de Energía) y el informe incluye el análisis de los llamados que intercambiaron en 42 momentos distintos, considerados "hitos" para la investigación.

Fuentes judiciales informaron a Télam que ese informe respaldaría la hipótesis criminal que tiene que ver con las supuestas presiones al grupo Indalo.

Y además recordaron que Servini, tras recibir un primer informe específico sobre las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por Rodríguez Simón, dispuso su citación a indagatoria.

La decisión del diputado del Parlasur de no regresar a la Argentina implica desconocer el llamado a indagatoria y contradice lo que en marzo pasado había adelantado su abogado, Gustavo De Urquieta, quien presentó en el juzgado de Servini un pasaje de BuqueBus como prueba de que su defendido tenía previsto regresar a Buenos Aires. Algo que, finalmente, no sucedió.

A cargo de la instrucción, porque la investigación no está delegada, Servini ahora deberá resolver si declara a "Pepín" en rebeldía, dado que ya anunció que no piensa presentarse a prestar declaración indagatoria, o si espera a que llegue la fecha prevista para ese acto procesal y allí decide qué hacer.

"La jueza podría considerar que, a partir de sus declaraciones públicas, el imputado se sustrajo del proceso, dejó de estar a Derecho y adoptó una actitud tendiente a obstaculizar el avance de la causa, por lo que podría declararlo en rebeldía e incluso dictar una orden de captura internacional", analizó un juez federal ante una consulta de esta agencia.

En la causa, que tiene a Guillermo Marijuan como fiscal, se investigan "actos llevados a cabo a partir del año 2015 por funcionarios públicos que desde las altas esferas del Poder Ejecutivo o a instancias de aquellos, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción y habrían generado perjuicios económicos tanto al mencionado grupo empresario como al patrimonio nacional", informaron fuentes judiciales.

Uno de los hechos puntuales que se investiga es el supuesto "ejercicio de presiones para que la línea editorial de los medios de comunicación del Grupo Indalo fuera modificada y puesta en una línea afín al gobierno de Mauricio Macri, como así también para que no se hicieran eco de noticias negativas para con la gestión de Cambiemos", detallaron.

De acuerdo a testimonios que surgen del expediente, Rodríguez Simón habría sido quien le comunicó a un abogado vinculado con los empresarios denunciantes que "la guerra del gobierno (de Macri) en contra del Grupo Indalo había comenzado", en lo que sería el inicio de una campaña en los medios de comunicación y en el plano administrativo y judicial tendiente a perjudicar a las compañías del grupo empresario.

Otro de los hechos que se investiga es la "quita de la concesión vial de la autopista Ezeiza-Cañuelas", a través de un pedido de Iguacel, para que se levantaran las inhibiciones que pesaban sobre el Grupo Indalo con el objetivo de que la empresa concesionaria pasara a estar controlada por otro grupo afín al Gobierno, o directamente se le quitara la concesión.

También se investiga si el Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Macri, le hizo llegar al abogado ligado a los denunciantes la advertencia de que las sociedades del Grupo Indalo serían liquidadas si no transferían la totalidad del paquete accionario a otro conglomerado económico que sería elegido desde la Casa Rosada.

En primera instancia, ese grupo económico habría sido el dirigido por el empresario y automovilista Orlando Terranova.

Otra de las patas de la investigación judicial tiene que ver con las presiones de la AFIP para ahogar financieramente al Grupo Indalo: por este hecho, y a pedido del fiscal Marijuan, fue citado a indagatoria el extitular del ente recaudador Alberto Abad por el dictado la disposición particular N° 395/16, en noviembre de 2016, por la cual prohibió que Oil Combustibles SA pudiera acogerse a los beneficios de la ley 27.260 que acordaba un plan de moratoria.

Tras el anuncio de Rodríguez Simón sobre su pedido de asilo como refugiado político, el presidente Alberto Fernández dijo hoy que el diputado del Parlasur había actuado con "desesperación", mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández señaló que la noticia le había generado "estupor, indignación y la convicción de que, tarde o temprano, las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo".

"Pide asilo político en Uruguay por persecución y después dicen que somos nosotros los que 'buscamos la impunidad'", subrayó la titular del Senado, para quien el miembro de la mesa judicial de Cambiemos era "un apretador serial de jueces y empresarios".

El Presidente, al referirse a Rodríguez Simón en particular, remarcó que "toda la Justicia sabe que operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales". (Télam)