La intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, ha instruido al asesor letrado Lucio Quejillaver Boye, para que inicie las acciones legales correspondientes con lo cual el Municipio será parte en la investigación del hecho delictual ocurrido el pasado 20 de mayo. A partir de esta acción, el Municipio -como persona jurídica a través de los representantes legales- podrá controlar la evolución del proceso, apelar y pedir condena de todos los culpables, incluso para el caso de que la fiscalía no lo haga.

Fuentes municipales adelantaron que “los detenidos ya empezaron a pedir excarcelaciones y tienen temor que algún involucrado sea favorecido con el arresto domiciliario o una tobillera electrónica”. “Nadie habla de esta posibilidad” sostuvo Mayol, y agrego que “por ello hemos decidido presentarnos, estar listos y apelar si los liberan”.

Es importante recordar que la intendenta de la ciudad declaró como testigo en la causa aportando una valiosa prueba fílmica que el fiscal y la jueza de garantías han utilizado para fundamentar sus pedidos de detención y prisión preventiva.

El citado video que permitió ver a los policías empuñar armas de fuego, y tal como surge del expediente, fue aportada en un CD por Mayol al fiscal Lisandro Damonte “antes de que cualquier imagen se virilizara en medios públicos”.

Por otro lado, el Concejo Deliberante invitó a la intendenta a concurrir y debatir el tema. En un extenso escrito, la jefa comunal pide que “el clima electoral” no embarre un natural reclamo de justicia, ya que el deliberativo no tiene facultades para citar, de la forma que lo ha hecho, en un caso que “ahora es judicial”.

Además, Mayol explica que “al ser testigo de la causa le es vedado declarar en otra sede que no sea la fiscal” y que evidentemente hay un claro “juego político al cual no se prestará”. No solo declaré, aporte pruebas y eché un funcionario infiel sostuvo Mayol, también le pedí a la Gobernadora y al Procurador que avancen hasta al final y hoy hay 11 involucrados presos.

Del Municipio han informado que se citó con anterioridad a los familiares y que seguirán la vía institucional para escucharlos y atenderlos sin mezclar ningún otro tipo de interés en un hecho tan sensible.