En una sesión extraordinaria a puertas cerradas, sin cámaras ni concejales opositores y con un edificio rodeado de fuerzas de seguridad, el Concejo Deliberante de Ayacucho aprobó una ordenanza que permite fumigar a 100 metros de viviendas y escuelas rurales.

La iniciativa votada por el bloque de concejales que responde al intendente Emilio Cordonnier, está confeccionada a medida del Colegio de Ingenieros Agrónomos, según apuntan organizaciones ambientalistas y ediles de la oposición, quienes aseguran que la ordenanza no contempla un principio mínimo de protección a la salud de los vecinos.

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Eugenia Bordagaray

“Las cuestiones de la salud y el ambiente no fueron la prioridad para decidir”, aseguró a Grupo La Provincia Eugenia Bordagaray, integrante de la Asociación Civil por la Agroecología y el Buen Vivir de Ayacucho.

“La ordenanza contempla 100 metros de exclusión de viviendas y escuelas rurales con otros 300 metros de zona de amortiguamiento -libre de uso de agroquímicos-, lo que significa que si un ingeniero agrónomo firma una justificación técnica puede usar esa zona de amortiguamiento como fumigada, es decir, queda a libre disposición. Los ingenieros agrónomos se convierten en juez y parte, y el municipio no tendría ninguna injerencia”, detalló.

Según la representante ambientalista, “una herramienta como ésta debería garantizar el derecho precautorio que indica que, si existe una posibilidad de daño, pensemos en esa posibilidad y no nos quedemos en esa restricción tan mínima de 100 metros”.

“Hemos presentado innumerables pruebas del daño que los agroquímicos hacen a la salud humana y ambiental. Los concejales para justificar los 100 metros sólo se ampararon en un estudio del año 2012 del ministerio de Agricultura de la Nación que fue promovido por CASAFE, que es una Cámara empresaria de venta de agroquímicos y de importación, que dice que las derivas de los agroquímicos son como mucho a dos metros, y otra parte del estudio dice a 20 metros. Ya hemos dado cuenta de que ese estudio es una falacia, que las universidades públicas y el CONICET han emitido opinión al respecto y que de ningún modo los 20 metros garantizan nada, sino al contrario”, agregó.

“Hemos presentado innumerables pruebas del daño que los agroquímicos hacen a la salud humana y ambiental”

Por su parte, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos de Ayacucho, Marcela Guisande, dijo a Grupo La Provincia que desde el espacio que integra presentaron “una iniciativa basada en el principio precautorio que habla de 1095 metros de distancia, a raíz del fallo de Pergamino”.

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Marcela Guisande

“Nuestra premisa fue, era y va a ser: primero la salud, después el medioambiente y en tercer lugar la producción. El proyecto del oficialismo plateaba 100 metros de exclusión y 400 de resguardo, que no avala ninguno de los principios”, añadió la edil.

Guisande coincidió en que la ordenanza aprobada no toma en cuenta el aspecto sanitario. “Desde el municipio no se hizo presente ningún representante del área de salud, entonces invité a un médico, que expuso sobre los efectos de los agroquímicos en la salud. Explicó que hay comprobación científica de que los fitosanitarios dañan cuando se aplican a menos de mil metros”, relató.

En ese sentido, agregó: “Ayacucho tiene 675 mil hectáreas. Es mucha extensión, hay mucha población rural, muchas familias que viven en el campo. Nos parece que debemos cuidar a todos los ciudadanos por igual”.

A la indignación por la prescindencia del cuidado de la salud de los vecinos, se suma la denuncia de que el municipio de Cordonnier montó una fachada de supuesto debate público para terminar aprobando entre gallos y medianoche una iniciativa presentada por el Círculo de Ingenieros Agrónomos.

“Hay comprobación científica de que los fitosanitarios dañan cuando se aplican a menos de mil metros”

“Hubo dos procesos paralelos en relación al proyecto. En agosto el Poder Ejecutivo realiza una invitación privada a distintas instituciones que ellos creen podían dar voz sobre la cuestión de los agroquímicos. Fueron sólo dos reuniones de las que surgieron algunos informes muy interesantes, como uno del INTA, que indica que, no solamente los mil metros de restricción implican un porcentaje muy bajo de la cantidad de hectáreas dedicadas a la producción, sino que define que de ese número de hectáreas hay muy pocas dedicadas a la agricultura, entonces ese número productivo que es con el que se maneja la lógica de los que piden 25 metros y no mil, es muy limitado. A ese informe del INTA el Ejecutivo nunca lo miró, nunca pasó al Concejo Deliberante. Se hizo como borrón y cuenta nueva al ingresar este proyecto del Círculo de Ingenieros”, aseguraron desde la Asociación por la Agroecología.

Según relataron, “la semana pasada nos enteramos que hacía seis meses que la Sociedad Rural, la Federación Agraria y el Círculo de Ingenieros tenían reuniones con el Concejo Deliberante y con el Ejecutivo por este tema”.

La titular del bloque del frente de Todos coincidió en la apreciación. “La intención era tener una normativa para que la fumigación esté regulada en el partido. Nosotros veníamos con encuentros previos, todos los jueves, durante un mes. Mesas abiertas de diálogo y discusión sobre uso de agroquímicos” pero “el proyecto de ordenanza se empezó a tratar efectivamente cuando ingresó la iniciativa del Círculo de Ingenieros Agrónomos. Ese fue el puntapié inicial para el tratamiento”, dijo Guisande.

“Hacía seis meses que la Sociedad Rural, la Federación Agraria y el Círculo de Ingenieros tenían reuniones con el Concejo y el Ejecutivo”

“Desde nuestro bloque habíamos hecho una presentación hace dos años que durmió en el Concejo, a mitad de año un concejal nuestro presentó una medida precautoria de mil metros, que también quedó durmiendo, y se activa toda la cuestión cuando entra el proyecto de los ingenieros agrónomos avalados por la Sociedad Rural y la Federación Agraria”, reafirmó.

Bordagaray hizo hincapié, además, en la premura por votarlo. “El proyecto ingresó un jueves y el viernes ya tenía tratamiento en comisión, con los autores del proyecto presentes”, señaló.

Para la edil opositora, “fue un sentimiento generalizado de que éramos invitados a una fiesta de otro. En las reuniones había un dejo de descalificación, de prepotencia, de no querer oír lo que según ellos no convenía. Esas mesas no fueron realmente una apertura, fueron un cumplir, un escenario montado, pero, en realidad, poco escucharon de todo lo que se dijo”.

“Fue un sentimiento generalizado de que éramos invitados a una fiesta de otro”

Otro dato llamativo es la regulación de la norma. Según la integrante de la Asociación defensora del ambiente, la ordenanza “deja muchos vacíos legales con respecto a la cuestión del control. Cómo se va a constituir el organismo de control, quienes lo van a conformar, de dónde van a salir los fondos para financiar su actividad, todo eso fue dejado para que lo defina el Poder Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que todo esto está conversado por afuera del debate público. Acá hay acuerdos que tienen que ver con acuerdos políticos y económicos que trascienden la decisión, incluso, del Concejo Deliberante y que tienen que ver con el poder que ejercen las corporaciones agrarias, aún hoy cuando casi no vemos que están en la escena política”, concluyó Bordagaray.