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20221125 Viviana Dirolli

–Finalmente, la comisión de Reforma Política acordó convocar a especialistas en el acceso a información pública para avanzar en el tratamiento de proyectos vinculados a esta temática. ¿Cómo está hoy la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires? ¿Es una normativa, tal vez, desactualizada?

Así es. La normativa de la provincia de Buenos Aires es una ley del año 2000, que es una ley escueta, diría, que no garantiza el acceso a la información pública. Exige fundar el pedido, no existe ningún tipo de fundamentación para su rechazo, simplemente por el paso del tiempo se considera denegado el pedido sin dar ninguna razón. Entendemos, quienes participamos en proyectos de acceso a la información pública, que es uno de los derechos fundamentales de toda la sociedad. El acceso a la información pública por parte de los ciudadanos es una garantía de transparencia de las instituciones públicas.

Actualmente hay una serie de proyectos presentados, uno de ellos de la presidenta de la comisión, Noelia Ruiz, también del diputado Maximiliano Abad, de la diputada Maricel Etchecoin, uno también de mi autoría, que con algunos matices plantean adherir a la Ley de Acceso a la Información Pública de orden nacional, que invita a adherir a las provincias y que es una ley mucho más completa en ese sentido, basada en una serie de principios como la presunción de publicidad, la transparencia, el informalismo, el máximo acceso, la no discriminación, etc., que garantizan de alguna forma un mayor acceso a la información pública.

–¿Por qué considera que ha quedado desactualizada la normativa vigente en Provincia?

Porque, como decía antes, es muy limitada. Es un acceso que exige que se funde el derecho a la autoridad a la que se le presente, que, primero, no hay ninguna autoridad que lo controle, sino que se presenta en forma descentralizada a quien se requiere esa información, y esa autoridad misma podría denegarlo sin hacer absolutamente nada. Cosa que ocurre: les pasa a muchos ciudadanos, les pasará a ustedes como periodistas, nos pasa en algunos casos a quienes somos legisladores también, que cuando se hace la petición no se recibe ningún tipo de respuesta, y eso para la ley no exige ningún tipo de sanción, simplemente se considera una denegatoria y cada uno podrá utilizar el camino que considere, que sería una acción judicial, lo cual nos parece un poco desmedido, porque habría que iniciar una acción judicial cada vez que se requiere información pública.

Un ejemplo es la ejecución presupuestaria, importantísima para poder controlar las políticas públicas, para poder definir acciones, proyectos y demás. Como ustedes saben, esta información está siempre a destiempo y en forma muy escueta.

–Lo que sigue ahora es convocar a especialistas sobre acceso a la información pública desde la comisión de Reforma Política. ¿La intención es que sea antes de fin de año o ya pensando en 2023?

Ese fue un acuerdo de las autoridades de la comisión, que en este caso son de distintos partidos. Se acordó convocar a una serie de jornadas consultando a especialistas en esta materia para poder tratar los proyectos. Las fechas las van a definir las autoridades de la comisión. Serán entre fin de año y comienzo de 2023.

–¿Considera que es necesario abrir espacios de intercambio a los fines de seguir pensando y construyendo junto a la ciudadanía políticas públicas para mejorar el Estado, pero también la transparencia?

Si te referís a espacios como estos, de consulta, sí, porque a partir de las consultas y de la participación con especialistas se agiliza el trabajo en la comisión y eventualmente, a quienes puedan tener alguna posición encontrada, facilita el diálogo, el debate, o por lo menos elevar el nivel de argumentos en la discusión sobre estos temas