Washington amplio sanciones contra organizaciones narcos e incluyo al PCC brasileño

El Gobierno de Estados Unidos decidió hoy la creación del Consejo sobre el Crimen Organizado Transnacional (Usctoc, por sus siglas en inglés), que estará integrado por representantes de distintos organismos estatales, y un régimen de amplias sanciones contra organizaciones del narcotráfico, que incluye a clanes de Brasil, Colombia y México.
Alterado por el récord de muertes por sobredosis –unos 100.000 entre marzo de 2020 y marzo de 2021-, la administración de Joe Biden emitió dos decretos como parte de sus “medidas decisivas para detectar, desbaratar y reducir el poder de las organizaciones criminales transnacionales y proteger al pueblo estadounidense", según un documento transmitido por funcionarios.
Uno de los decretos crea el Usctoc, con funcionarios de distintos organismos, y el otro endurece las sanciones contra actores internacionales del narcotráfico, a los que se les podrá congelar activos en el país, impedirles entrar y vetarles determinadas transacciones.
Entre los sancionados se incluyen personas que trafican con fentanilo y los precursores químicos necesarios para elaborarlo, con metanfetaminas, cocaína y heroína, así como organizaciones que Washington considera una amenaza.
El Departamento del Tesoro anunció 25 objetivos (10 personas y 15 grupos), entre los que figuran algunos nuevos, como el Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño, y los mexicanos Los Rojos y Guerreros Unidos, además de cuatro sociedades y un narcotraficante chino.
Se incluye, además, a 17 personas y entidades previamente sancionadas.
El PCC, uno de los grupos de crimen organizado más poderosos, negocia sobre todo con droga, pero también está involucrado en el lavado de dinero, la extorsión y los asesinatos a sueldo.
Opera en Sudamérica y sus redes alcanzan Estados Unidos, Europa, África y Asia, según Washington.
Estados Unidos acusa a Los Rojos, un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (BLO), de México, de cometer actos violentos y enviar droga al país, y a Guerreros Unidos (GU), otro grupo también separado de BLO, de colaborar con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la que comparte redes y modo de transporte.
La agencia AFP detalló además que Washington también apunta al chino Chuen Fat Yip, acusado de dirigir el tráfico de drogas sintéticas entre el país asiático y Estados Unidos, y a cuatro empresas: Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-Fine Chemicals, Hebei Huanhao Biotechnology y Hebei Atun Trading.
"Es muy simple: muchas de las materias primas para la fabricación de opioides sintéticos provienen de China. Y era importante transmitir un mensaje fuerte", explicó un funcionario de alto cargo del gobierno estadounidense que pidió el anonimato.
Entre los 17 ya sancionados desde 1995 y 1999, a los que también se les aplicará el nuevo régimen figuran los carteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, del Golfo y de Juárez, la Organización Beltrán Leyva, Los Zetas, La Familia Michoacana (LFM), Nemesio Oseguera Cervantes (alias El Mencho), Ismael Zambada García (El Mayo), Fausto Isidro Meza Flores (Chapito Isidro), Miguel Treviño Morales, Omar Treviño Morales y líderes de la facción del Cartel de Sinaloa, como los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar (Chapito) y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (El Alfredillo) y su hermanastro Ovidio Guzmán López (El Ratón).
También aparecen los colombianos el Clan del Golfo y Dairo Antonio Úsuga David (Otoniel), detenido en octubre último.
Biden pretende modernizar la lucha contra las organizaciones de narcotráfico, para adaptarla a los desafíos del siglo XXI.
"En el pasado estas organizaciones generalmente tenían estructuras más jerárquicas de estilo capo, con líderes y cadenas de mando claramente identificados, pero se han vuelto cada vez más difusas y descentralizadas", advierten funcionarios gubernamentales.
Además, el tráfico actual de drogas ya no depende de los cultivos ni requiere una gran superficie, sino de sustancias sintéticas y de precursores químicos, y los cárteles operan de una manera más descentralizada, lo que dificulta la capacidad de sancionar a los narcotraficantes.
(Télam)