Una jueza proceso con prision a militares por delitos durante la dictadura en Uruguay

La jueza penal Silvia Urioste procesó con prisión a siete militares retirados por privación de libertad y violencia privada contra unos 30 detenidos por la dictadura uruguaya en el centro clandestino conocido como 300 Carlos, que funcionó entre 1975 y 1977 en el predio del Batallón de Infantería Blindado Nº 13 y era controlado por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Los represores llegaron esta tarde al juzgado en el centro de Montevideo, donde se tramita un pedido de procesamiento con prisión desde fines de julio de 2018, los militares retirados Mario Aguerrondo, Raul Scioscia, Carlos Frachelle y Manuel Cola y de situación de retiro Jorge Silveira, Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo
Ayer compareció ante Urioste, por teleconferencia, Ramas, quien se negó a declarar ante la Justicia.
También debía declarar Gavazzo, pero su abogada presentó un escrito pidiendo reagendar la audiencia, dado que se encuentra internado en el Hospital Militar desde el 14 de mayo, según informaron al diario montevideano La Diaria fuentes de la investigación judicial.
En marzo de este año, Gavazzo reconoció haber estado en el Galpón 4 del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), donde funcionó el 300 Carlos, cuando declaró ante la jueza Isaura Tórtora en la causa que investiga las torturas y crímenes de lesa humanidad contra el periodista y militante comunista Rodolfo Porley.
El fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento con prisión por los delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra ocho represores, uno de los cuales fallecido durante el proceso.
Tras conocer el procesamiento de los militares, la denunciante Brenda Falero, que estuvo detenida en el Batallón 13 entre 1972 y 1974, dijo que la decisión judicial "es lógica”, ya que “estaban todas las pruebas” dadas.
Falero recordó que la denuncia fue presentada el 27 de octubre de 2011, luego de que el entonces presidente socialdemócrata José Mujica quitara del amparo de la Ley de Caducidad las investigaciones de violaciones a los derechos humanos.
“Fueron 10 años, cuatro jueces y otros tantos fiscales. Esto no terminó acá, va a seguir porque hay otras causas. Lo esencial está hecho, llegamos a culminar esta primera denuncia”, agregó.
Urioste también investiga, en otra causa vinculada al 300 Carlos, la participación del médico Ramón Rodríguez de Armas, conocido como “Oscar 5”, alias utilizado por los miembros del OCOA.
El 10 de junio el galeno realizará un careo con el oficial de la Fuerza Aérea (FAU) Bernabé Saralegui, quien declaró haberlo visto varias veces en el referido centro clandestino.
La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad aún tiene pendiente 13 pedidos de procesamiento con prisión por violaciones a los derechos humanos, contra unos 50 implicados en delitos vinculados al terrorismo de Estado. (Télam)