La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia, creada en los acuerdos de paz de 2016 para estudiar casos ocurridos durante el conflicto armado interno, anunció hoy la apertura de un nuevo expediente para investigar los crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos.

"La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió el Caso 09, que investigará los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos durante el conflicto armado por parte de integrantes de las FARC y de la fuerza pública, así como otros agentes del Estado y terceros civiles", anunció el tribunal.

El caso fue denominado “Crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos” por la JEP y apuntará a que se investigue, juzgue y sancione los hechos cometidos por la guerrilla, miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado o terceros civiles contra personas con pertenencia étnica, sujetos colectivos de derecho o contra Territorios Étnicos que no estén siendo investigados en el marco de los demás macrocasos ya abiertos.

Un comunicado de la jurisdicción especial explica que la decisión se adoptó “respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones, quienes resaltaron que las múltiples violencias a las que han sido sometidos los Pueblos y Territorios Étnicos están acentuadas por el racismo y la discriminación, y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que ha reconocido la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas".

El anuncio incluyó una breve ceremonia cargada de simbolismo, encabezado por el “taita” Pablo Zaiferudo, miembro del pueblo Huitoto del Amazonas, que, vestido de plumas amarillas, azules, rojas y naranjas, con rostro además pintado, llevó adelante un acto de armonización.

Se estima que cerca de 1.350.000 indígenas sufrieron de alguna forma el conflicto interno, reveló el sitio del diario El Espectador, que reseñó que para adoptar la decisión la JEP analizó 976 informes en la Sala de Reconocimiento.

En esa documentación está registrado el historial de asesinato a líderes, lideresas y autoridades étnicas, y casos de desplazamiento forzado en territorios ancestrales y colectivos.

Da cuenta el informe, además, de que entre 1964 y 2016 se presentaron 14.261 víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica documentada, cuyos expedientes podrían ser incluidos en este caso o en el de violencia sexual, otro macrocaso ya abierto en julio último.

“Las FARC, en algunas regiones del país, implementaron como estrategia de guerra desestructurar y desarticular a los Pueblos Étnicos, sus tejidos comunitarios y sus formas organizativas político-administrativas, y sus usos y costumbres. Sus acciones se dirigieron tanto a la afectación de la existencia física de las personas pertenecientes a los Pueblos, como de las estructuras culturales en que se basan sus saberes propios”, advirtió la magistrada Belkis Izquierdo.

Una segunda hipótesis apunta la fuerza pública, que, aliada a grupos paramilitares, ejerció vigilancia y regulación permanente de la vida social indígena, bajo una lógica de “discriminación contrainsurgente”, por la que los miembros de los pueblos étnicos eran señalados como colaboradores de grupos guerrilleros. (Télam)