Tribunal boliviano rechazo la exigencia de los civicos de Santa Cruz para liberacion de detenidos

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) boliviano, Ricardo Torrez, descartó que las decisiones de los jueces estén sujetas a determinaciones del cabildo de Santa Cruz, que dio un plazo de 72 horas para que liberen a detenidos por actos de violencia, y reivindicó la independencia judicial.
“Los jueces en el Estado Plurinacional no resuelven causas y procesos, que son de su conocimiento, a través de votos resolutivos, ya sean de asambleas, de congresos de ampliados y de cabildos”, afirmó el magistrado, citado por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Una de las decisiones del cabildo del domingo en Santa Cruz dio un plazo de 72 horas a la Justicia para liberar a los detenidos en los hechos de violencia del viernes que acabaron con el incendio de la sede campesina y el saqueo de oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) en el marco de un paro que ya lleva 24 días originado en que las autoridades de esa ciudad reclamaron el adelantamiento de la fecha de la realización de un censo.
Son al menos 17 detenidos que están a la espera de su audiencia cautelar, suspendida debido a la falta de seguridad. Se encuentran en celdas policiales, mientras que fuera de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se instaló una vigilia.
El Comité Interinstitucional de Santa Cruz había resuelto el domingo por la noche continuar el paro y dar un plazo de 72 horas para la liberación de los detenidos producto de los violentos enfrentamientos con los que reclamó un adelantamiento en la fecha de realización de un censo, una manifestación que fue considerada como un intento de golpe de Estado por las autoridades bolivianas y condenada por organismos internacionales.
La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición de derecha y ultraderecha, inició un enfrentamiento con el gobierno central exigiendo que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.
El gobierno de Luis Arce acaba de confirmar que esa consulta se celebrará el 23 de marzo de 2024 y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello, y anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que incluyó cortes de rutas, incendios, numerosas pérdidas económicas para el país y la muerte de al menos tres personas.
Además, un organismo defensor de los derechos humanos y la Central Obrera Boliviana rechazaron en las últimas horas el plazo puesto por el cabildo santacruceño.
El coordinador del Comité Impulsor de Justicia, Aldo Michel, informó que a última hora de ayer se activó una nueva denuncia penal en contra de los promotores del paro cívico en Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a quienes acusó de al menos cinco delitos.
“En este momento se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (en la ciudad de Sucre), ante el fiscal Juan Lanchipa para que estas nuevas acciones delictivas que se han cometido se investiguen y que el Ministerio Público converja todos los procesos y las denuncias que se han efectuado”, indicó Michel, en entrevista con ABI.
Entre los delitos que se atribuyen a Camacho y Calvo -como autores intelectuales- están: incitación a delinquir, organización de grupos militares, daño a propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas, conspiración “con rasgos de conducta terrorista”, robo agravado y otros.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, se sumó al rechazo al plazo puesto por los santacruceños pero con un juego de palabras: “Tienen 72 horas para abandonar Bolivia”, disparó.
“Ellos tienen 72 horas para abandonar Bolivia, por tratar de separarnos, por tratar de dividirnos entre bolivianos y hacernos confrontar entre hermanos bolivianos”, manifestó el líder sindical, citado por el portal Nodal. (Télam)