Una cifra de muertos aún no determinada, que va de 30 a 50, dejó hoy una serie de motines, al parecer acordados, en las tres principales cárceles de Ecuador, mientras el gobierno avanzó hacia el control de los penales con el uso de la fuerza “para garantizar la seguridad de los detenidos”, según el presidente Lenin Moreno, quien sugirió, sin presentar evidencia, que el correísmo pudo haber estado detrás de los desmanes.

Aunque los diarios locales La Hora y El Comercio hablaban inicialmente de 10 muertos, el sitio digital Primicias elevó esa cifra a 31 (ocho en el Centro de rehabilitación de Cotopaxi, en Latacunga; 15 en el de El Turi, en Azuay, y ocho en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil), y después la agencia AFP informó que los fallecidos llegaban a 50.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, advirtió que se trató de una “acción concertada de las organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios”.

“Ante la acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país, desde el Puesto de Mando Unificado conjuntamente con el mando policial gestionamos acciones para recuperar el control”, publicó Pazmiño en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional desplegó refuerzos en todas las cárceles del país para prevenir nuevos incidentes y colaborar con el Servicio de Rehabilitación Social.

La comandante de la Policía, Patricia Carrillo, calificó de “crítica” la situación y alertó que “además de sus normales responsabilidades de seguridad ciudadana y los amotinamientos, la Policía Nacional está haciendo frente a dos hechos que demandan operativos sobre la marcha”.

La referencia tenía que ver con la llegada a Quito de la marcha de indígenas, que reclaman un recuento de votos nuevo al Consejo nacional Electoral (CNE); en defensa de la candidatura de Yaku Pérez a la presidencia.

Según la planificación policial, 1.470 efectivos están desplegados en distintos puntos de la capital para controlar posibles desmanes, de acuerdo al diario El Comercio.

La vocera de la Policía Nacional, Rafaela Montoya, dijo a Primicias que más de 20.000 uniformados tienen asignadas tareas relacionadas con el proceso electoral.

El presidente Moreno, en tanto, habló en su habitual emisión de “De frente con el Presidente”, oportunidad en la que afirmó que “se trata de una pelea de mafias organizadas” y reseñó que pidió que “se use la fuerza de manera progresiva para garantizar la seguridad de los detenidos”.

Moreno dijo que le parecía “raro” que sucedieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa hayan tenido que ver con las revueltas.

“En octubre (2019), el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos”, sostuvo el mandatario.

Tras haber sido vicepresidente en los primeros seis años del gobierno de Correa -entre 2007 y 2013- y el candidato oficialista a sucederlo en 2017, Moreno se enemistó con su antecesor.

Los motines se produjeron en medio del proceso electoral en el que el correísta Andres Arauz, tras haber ganado la primera vuelta, competirá por la sucesión de Moreno con el liberal Guillermo Lasso en el balotaje del 11 de abril próximo. (Télam)