Pequeños grupos de manifestantes salieron hoy a las calles de varias ciudades de Myanmar al cumplirse tres meses del golpe de Estado militar, en unas protestas contra la junta militar que se dispersaron rápidamente por temor a las represalias.

Pese a una cruenta represión de la junta, las manifestaciones recorren el país y una importante campaña de desobediencia civil, con miles de trabajadores en huelga, paraliza sectores enteros de la economía, mientras que los opositores, ahora en la clandestinidad, formaron un Gobierno de resistencia.

"Solo la verdad triunfará" decía una pancarta desplegada hoy en la manifestación en Rangún, la ciudad más grande de Myanmar (la antigua Birmania), donde también se escuchó el estallido de varios explosivos de fabricación casera, informó la agencia de noticias AFP.

Los enfrentamientos entre militares y facciones étnicas de las regiones fronterizas del norte y del este tampoco ceden. Estos grupos, que aúnan a muchos opositores a la junta que huyeron, retomaron las armas estas últimas semanas.

Según la ONU, en el este, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la facción rebelde Karen dejaron más de 30.000 desplazados.

En las protestas, en tanto, se estima que cerca de 760 civiles murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad en los últimos tres meses y 3.500 están detenidos, según una ONG local.

Ayer, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una declaración unánime exhortando a que se aplique el plan de la Asean (Asociación de Naciones del Sureste de Asia) para un "cese inmediato de la violencia".

La ONU también pidió de nuevo la liberación de todos los detenidos, pero la junta sigue intensificando su ofensiva judicial contra la exdirigente Aung San Suu Kyi, líder del partido que ganó las últimas elecciones.obre ella pesan seis acusaciones, sobre todo por haber violado una ley sobre los secretos de Estado que data de la época colonial, y podría ser inhabilitada políticamente o condenada a una larga pena de prisión si es declarada culpable.

También se le imputa la recepción de centenares de miles de dólares y 11 kilos de oro en sobornos, cuando dirigía el país, pero no fue acusada de corrupción.

Sus abogados no fueron autorizados a reunirse con ella y solo la vieron en contadas ocasiones y siempre por videoconferencias, muy vigiladas por las fuerzas de seguridad, según contaron los letrados.

"Si no recibimos ninguna instrucción de la acusada ¿cómo podemos defenderla?", lamenta Khin Maung Zaw, que dirige el equipo de abogados de la ganadora del Nobel de la Paz. "Estamos muy preocupados por el respeto de sus derechos".

Suu Kyi, de 75 años, ya había pasado 15 años en arresto domiciliario tras la sublevación popular de 1988. Fue liberada definitivamente en 2010 y ganó las elecciones cinco años después.

La imagen internacional de la líder birmana se deterioró notablemente cuando centenares de miles de musulmanes rohingyas huyeron en 2017 a Bangladesh debido a los abusos del ejército, sin que ella lo condenara.

Algunos le reprochan haber cedido demasiado, lo que permitió a los generales conservar un gran control del país y de sus recursos.

No obstante, el 1° de febrero pasado depusieron al Gobierno civil guiado por Suu Kyi alegando fraudes en las legislativas de 2020, que el partido de la líder, la Liga Nacional para la Democracia (LND) ganó ampliamente. (Télam)