Dos días después de la masiva movilización nacional que pidió en Colombia el fin de la violencia política, el senador opositor Iván Cepeda se mostró hoy entre "esperanzado porque el proceso de paz despertó a amplios sectores del país" y "preocupado porque se está matando a los líderes que luchan por implementar el proceso de paz".

El viernes pasado, un frente inédito de dirigentes políticos de todo el arco opositor, organizaciones civiles y movimientos sociales se unió en las calles de todas las ciudades y pueblos de Colombia con un solo reclamo: frenar el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex guerrilleros desmovilizados.

Desde entonces, un dirigente social del puerto de Buenaventura, en la costa del Pacífico, fue baleado e intentaba hoy sobrevivir en terapia intensiva, y una líder social y su esposo fueron acribillados en el departamento de Caquetá, en el sur del país, y fallecieron.

En total, 627 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país desde la firma del acuerdo de paz con la ahora ex guerrilla FARC en noviembre de 2016: 21 fallecieron ese año, 208 al año siguiente, 282 en 2018 y 116 en lo que va de 2019.

Además, 138 ex guerrilleros que cumplían el acuerdo de paz fueron asesinaron en este período.

En diálogo telefónico con Télam, el senador del Polo Democrático Alternativo destacó que la mayoría de los atentados se concentra "en zonas donde las FARC eran fuertes y ahora lo son otros grupos ilegales, y donde están las riquezas naturales y las tierras son fértiles".

"En Colombia siempre se atacó y mató a líderes sociales; lo nuevo ahora es que sucede durante la fase de la implementación de un acuerdo de paz y los que son atacados son los lideres que están haciendo el trabajo de implementarlo: reclamantes de tierras usurpadas, miembros de los programas de sustitución de cultivos ilegales y de asociaciones de víctimas que piden verdad y justicia", explicó.

El presidente Iván Duque, un dirigente que ha sido crítico sobre el texto del acuerdo de paz, también participó de las marchas del viernes. Lo hizo en Cartagena de Indias y desató una ola de repudio y gritos de "asesino" entre la multitud.

"El presidente propuso una ficción, dijo que todos estamos enfrentados al norcotráfico y que hay que luchar juntos, pero el narcotráfico no podría movilizar toneladas de droga en el país si no existiera una connivencia con algunos sectores del Estado", denunció.

"Además el jefe del Estado no puede salir a la calle a exigirle al Estado, como estábamos haciendo los que salimos a marchar", agregó.

Cepeda, hijo de un dirigente asesinado por paramilitares en 1993 en Bogotá en el marco de un plan coordinado desde el Estado para exterminar a un partido opositor nacido de un acuerdo de paz, reconoce que no todos los que salieron a las calles tienen la misma mirada crítica de él con el gobierno nacional, pero destacó que la movilización fue "un primer paso necesario".

"El proceso de paz está teniendo efectos políticos, despertó a sectores amplios del país y logró cambien sus posturas políticas, por eso comienza a modificarse la tolerancia a la violencia; el rechazo no es suficiente, pero es un primer paso que puede dar lugar a otro tipo de acción", aseguró el senador.

Para Cepeda, un veterano defensor de los derechos de humanos de 56 años que fue un mediador clave en el diálogo de paz y en innumerables conflictos sociales en Colombia, no hay duda sobre la responsabilidad del Estado.

"El presidente dice que es un problema de grupos ilegales porque así la responsabilidad nunca cae en los políticos, los terratenientes o las empresas transnacionales que usan a los grupos armados como su seguridad o hacen negocios con organizaciones criminales", denunció.

En este punto, el senador rechaza un gran mito del conflicto colombiano.

"No es que en las zonas más violentas hay una ausencia del Estado, lo que hay es una presencia muy selectiva del estado; si hay recursos para enviar al Ejército y la Policía, ¿por qué no hay recursos para instalar a la Fiscalía y la Defensoría? Porque la Fiscalía solo aparece para levantar los cuerpos", sostuvo.

"Quizás -continuó- no hay un plan nacional de exterminio de líderes como en los 90, pero sin dudas hay un modelo de connivencia que se tolera y se incentiva desde el Estado." (Télam)