El empresario colombiano Álex Saab, actualmente preso y procesado en Estados Unidos, dirigió una “operación transnacional de lavado de activos” que involucra a políticos de Colombia, Ecuador y Venezuela, afirmó un informe del parlamento ecuatoriano, revelaron hoy autoridades ecuatorianas y colombianas.

Saab está preso y procesado en Estados Unidos, adonde llegó en octubre pasado en extradición desde Cabo Verde, acusado de conspirar para lavar activos y sospechado -aunque esto no forma parte de la causa judicial- de haber sido testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador, de 125 folios, fue entregado hoy en Bogotá por el titular de ese poder, Fernando Villavicencio, al presidente de Colombia, Iván Duque, según la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con ese trabajo, están involucradas en las maniobras “personas cercanas a gobiernos de varios países, incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos en el caso de Ecuador, y también políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal”, dijo Duque, sin dar nombres.

El mandatario agregó que en esa investigación “se establecen también vínculos con empresarios que se prestaron para tener operaciones de testaferrato y blanqueo de dinero, y que fueron receptores de fraudes fiscales en varios países, a través de cuentas registradas en paraísos fiscales”.

En tanto, Villavicencio cifró en 2.697 millones de dólares el fraude a las reservas monetarias de Ecuador por esas operaciones y aseguró que “hay evidencia suficiente que pone a la señora (exsenadora colombiana) Piedad Córdoba en una relación cercana a Álex Saab y el palacio de Miraflores”, sede del Gobierno venezolano.

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“Preparo proceso judicial contra ese miserable”, replicó Córdoba en Twitter.

La semana pasada, debido al aumento de contagios de coronavirus, el juez Robert Scola, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, aplazó hasta el 16 de febrero la audiencia en la que debe determinarse cuándo comenzará el juicio a Saab.

A comienzos de diciembre, un tribunal de apelaciones había resuelto postergar sin fecha el juicio a Saab hasta que se aclare si el acusado efectivamente tiene estatus diplomático de Venezuela, tal como sostienen su defensa y el gobierno de Caracas.

Saab fue arrestado en junio de 2020 en el archipiélago africano Cabo Verde y el 16 de octubre pasado fue extraditado a Estados Unidos, donde está preso y es procesado por conspiración para lavar dinero.

Ya compareció dos veces ante el tribunal que preside Scola y en la última ocasión, el 15 de noviembre, se declaró inocente de los delitos que se le imputan.

La acusación fiscal sostiene que Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, blanquearon a través de Estados Unidos 350 millones de dólares obtenidos de manera ilegal en Venezuela.

La oposición venezolana y el Gobierno de Estados Unidos -que en 2019 impuso sanciones económicas y migratorias a Saab- sostienen que el empresario actuó como testaferro de Maduro.

Tras la detención en Cabo Verde, la cancillería venezolana afirmó que el colombiano viajaba en calidad de "agente" del gobierno de Maduro para realizar gestiones relacionadas con la obtención de alimentos e insumos médicos para combatir el coronavirus.

En septiembre pasado, el Gobierno de Venezuela anunció que había resuelto sumar a Saab a sus delegados en el diálogo que mantenía con representantes de la oposición en la Ciudad de México.

Luego de la extradición del colombiano a Estados Unidos, la administración de Maduro suspendió su participación en las negociaciones con la oposición, que hasta hoy seguían congeladas y sin indicios de reanudación. (Télam)