La Guardia Nacional de México pasó oficialmente a ser gestionada por la Secretaría de Defensa tras la publicación de la medida en el boletín oficial, lo que deja al país sin una fuerza policial civil a nivel federal, en una decisión que fue criticada por la ONU por "consolidar aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública".

La medida fue oficialmente adoptada a última hora del viernes, luego que haya sido aprobada más temprano por el Senado, una semana después de su ratificación en la Cámara baja.

Según la nueva normativa, la comandancia de este cuerpo dependerá a partir de ahora de la cartera de Defensa y por debajo quedarán la coordinación territorial, estatal y de unidad, según recogió el diario La Jornada.

Además, el secretario de Defensa estará facultado para expedir los manuales de organización, procedimientos y estrategias de la Guardia Nacional, organizar la distribución territorial de sus elementos y proponer adecuaciones a la estructura orgánica de la misma.

"Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México", advirtió ayer la Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif.

En ese sentido, la responsable de la ONU recordó que la militarización de las fuerzas de seguridad mexicanas "aumenta de forma constante" desde 2006, pero que eso no se tradujo en un descenso de la criminalidad.

En cambio, señaló que se produjo un aumento de las denuncias de "graves violaciones de derechos humanos" por parte de los cuerpos de seguridad.

Sin embargo, estas críticas fueron rechazadas por el presidente mexicano, Andrés López Obrador, quien celebró la iniciativa y afirmó que su objetivo es "que no se caiga en el mismo error que con la llamada Policía Federal Preventiva", disuelta en 2019 y considerada "una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos", según consignó la agencia de noticias Sputnik.

No obstante, defensores de derechos humanos y partidos de oposición denunciaron una iniciativa contraria a la Constitución, que en su artículo 21 de la Carta Magna establece que las instituciones de seguridad pública, entre ellas la Guardia Nacional, sean de carácter civil.

Se espera que legisladores opositores presenten una apelación ante la Corte Suprema mexicana.

Los críticos de este proyecto acusan al presidente de buscar militarizar al país y advierten del riesgo de que se multipliquen los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos.

El oficialismo defiende su estrategia con el argumento de que las Fuerzas Armadas gozan de una amplia aprobación entre la población y de que son menos susceptibles de ser infiltradas por el crimen organizado.

México está envuelto en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

(Télam)