Revocan prision preventiva de 11 carabineros en dos causas por torturas en medio de protestas

Una corte de apelaciones de Chile revocó hoy la prisión preventiva que pesaba sobre 6 carabineros acusados de torturas y delitos sexuales contra el estudiante Josué Maureira, presuntamente ocurridas después de una de las protestas que se suceden en el país desde el 18 de octubre.
Maureira, de 21 años, denunció haber sido víctima de agresiones y torturas por parte de seis agentes de Carabineros, tras ser detenido la noche del 21 de octubre.
De los seis agentes, dos de ellos fueron acusados de un delito de tortura con abuso sexual agravado, porque supuestamente utilizaron elementos contundentes para llevar a cabo esa agresión sexual.
Además, habrían humillado e insultado al joven por su condición de homosexual.
Sin embargo, el tribunal determinó que los antecedentes recabados por la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, donde el joven sigue la carrera de Medicina, "no confirmaban" ninguno de los delitos imputados.
La denuncia realizada por Maureira formó parte del informe de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la U, Michelle Bachelet, que denunció un "uso excesivo de la fuerza" de los agentes durante las protestas.
Por el caso, cinco de los agentes tiene aún medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y arresto domiciliario, mientras que el sexto imputado tiene prohibido salir de Chile y debe presentarse mensualmente en una comisaría.
"Lo de hoy es el primer avance y el primer paso para obtener la absolución de todos ellos por estos casos", expresó el abogado de los carabineros, Rodrigo Lazo, según recogió radio Cooperativa.
Consideró al fallo judicial "un tremendo logro de parte de la defensa de estos seis carabineros, que estaban injustamente sometidos a una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva".
En otro caso, la justicia chilena también revocó la prisión preventiva a cinco carabineros en el caso del joven Moisés Órdenes, quien denunció tortura de los efectivos mientras se manifestaba en la capitalina Plaza Ñuñoa en los primeros días del estallido social.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó ayer que los uniformados sólo habían actuado con violencia innecesaria, por lo que siguen sujetos a la investigación en libertad.
El abogado de uno de los carabineros, Jorge Villalobos, afirmó que tomaba "muy bien" la resolución, aunque "obviamente no compartíamos en lo absoluto la calificación jurídica de tortura, que parecía muy grave para el hecho".
Los cinco carabineros que estaban en prisión preventiva ahora quedaron con la medida cautelar de firma semanal y la imposibilidad de salir del país mientras que la fiscalía evalúa las acciones a seguir tras esta decisión de la Corte de Apelaciones, que no es apelable.
El coordinador de litigios estratégicos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (DH), Pablo Rivera, lamentó que la justicia se haya negado a procesar por torturas a los cinco uniformados que estaban en prisión preventiva.
“Tenemos la convicción de que la brutal golpiza sufrida por Órdenes fue un caso paradigmático de tortura y es muy complejo que la Corte de Apelaciones de Santiago haya recalificado este caso como delito de violencia innecesaria”, señaló Rivera.
A través de un comunicado del DH, el letrado alertó sobre "la necesidad de que no se consagre la impunidad en este tipo de delitos cometidos por agentes del Estado y que la sanción sea proporcional a la gravedad de los crímenes”.
Según Rivera, “el argumento principal del fallo no es compatible con los estándares internacionales de los derechos humanos".
"Que un hecho de maltrato dure 10 segundos, o una hora o 10 horas, es un antecedente que hay que valorar, pero no es determinante para catalogarlo de una u otra forma, que es lo que finalmente realizó la Corte de Apelaciones de Santiago”, remarcó.
Las protestas en Chile estallaron contra la cuarta suba del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y reclamar una nueva Constitución, que se dirimirá en un plebiscito previsto para abril.
El presidente Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia y desplegó en las calles a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social", remodeló a su gabinete e inició un diálogo con los partidos políticos, opositores y oficialistas.
Más de 20 personas murieron por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil fueron detenidas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (DH) denunció torturas y otros abusos contra las personas detenidas. (Télam)