Rechazo en El Salvador por condena a prision a una mujer que tuvo un aborto involuntario

Organizaciones feministas de El Salvador rechazaron hoy la condena a 30 años de prisión a una mujer que sufrió un aborto involuntario, en la primera sentencia de este tipo durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Injusta decisión que roza con el ensañamiento judicial; un juez condena a 30 años de cárcel a una mujer que sufrió un aborto involuntario en El Salvador”, afirmó Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en su cuenta de la red social Twitter.
Ayer, la justicia salvadoreña sentenció a 30 años de prisión a una mujer identificada como "Esme", acusada por sufrir aborto en 2019, en la primera condena por estas causas durante la administración de Bukele.
Por su parte, la agrupación feminista Las 17 lanzó una campaña contra el fallo bajo las consignas “ni una presa más” y “justicia para Esme” y publicó en redes sociales un mensaje en el que advirtió que “las organizaciones que han trabajado por la libertad de mujeres en esta situación, apelarán y recurrirán a las vías legales necesarias para que se haga justicia”.
El comunicado de la campaña sostuvo que “en vez de recibir atención médica, (Esme) fue acusada por la Fiscalía General de la República y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separándola de su hija de siete años”.
Desde 2014 la campaña “Libertad para Las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten”, impulsa el indulto al Estado de 17 mujeres condenadas en lo que consideran “procesos injustos”.
“Son las consecuencias de un Estado y un sistema que insiste en violar los derechos humanos de las mujeres, en especial de las que viven en contextos de vulnerabilidad”, expresó la organización feminista de carácter global Women's Link.
En la misma línea, la Agrupación Ciudadana Manuela Justicia y Esperanza recordó que el gobierno de Bukele había prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan casos similares.
"El caso de "Esme" nuevamente refleja la criminalización de mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a educación y servicios de salud", denunció la agrupación, que adelantó que apelará a esta sentencia, según la agencia de noticias Sputnik.
Karla Vaquerano, abogada de la imputada, afirmó que el juez actuó con parcialidad, al privilegiar la versión cargada de estigmas y estereotipos de género que ofreció la Fiscalía General de la República.
‘EsmeÂ’ aseguró que continuará luchando por su hija y su familia. “Gracias por apoyarme y acompañarme en esta injusticia que estoy viviendo”, expresó tras conocer la sentencia.
El código penal salvadoreño prohíbe desde 1998 el aborto en toda circunstancia, incluso en caso de peligro para la salud de la madre o del niño, y son procesados como "homicidios agravados", que implica condenas de hasta 50 años de prisión.
La Asamblea Legislativa (parlamento), controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, frenó todo intento de aceptar cuatro causales que permitan la interrupción del embarazo, sobre todo cuando la madre corra peligro de muerte o sea imposible la vida del feto fuera del útero materno.
También se incluirían los casos de violaciones o de estupro, un fenómeno arraigado en esta nación centroamericana y agravado en el contexto del confinamiento vivido tras la irrupción en 2020 de la pandemia de Covid-19.
Según los colectivos que luchan contra la criminalización del aborto, esta prohibición total sigue cobrando vidas en El Salvador, donde el presidente Bukele ya descartó siquiera su estudio en un paquete de reformas a la Constitución de la República.
En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño por encarcelar injustamente a Manuela, una joven que sufrió un aborto espontáneo y murió en prisión.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también pasó a la referida Corte el caso de Beatriz, otra salvadoreña a la que se le negó la interrupción de su embarazo por riesgo de salud y por malformación congénita incompatible con la vida del feto que estaba gestando.
Su caso inspiró una iniciativa llamada "Reforma Beatriz", rechazada por la Asamblea de mayoría oficialista, que buscaba despenalizar el aborto cuando la mujer corre peligro de vida, cuando el feto sufre malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero y por violación. (Télam)