Que es el estado de defensa, mencionado en borrador de decreto bolsonarista

El polémico documento encontrado en la casa del exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva, buscaba imponer en Brasil un estado de defensa, uno de los estados de excepción que contempla la Constitución.
La carta magna prevé dos posibles estados de excepción para casos de ruptura del orden social y de iniciación de guerras o conflictos, internos o externos: el estado de defensa y el estado de sitio, este último más amplio.
En ambos casos amplían los poderes del presidente y autorizan la supresión de los derechos y libertades individuales.
El estado de defensa tiene restricciones geográficas y no puede aplicarse en todo el territorio nacional, por lo que el presidente debe determinar una duración y áreas específicas de alcance del mismo.
Se trata de una situación de emergencia en la que el mandatario tiene facultades especiales para suspender algunas garantías individuales que garantiza la Constitución y cuya suspensión se justifica para restablecer el orden en situaciones de crisis institucional y guerras.
Según el artículo 136, el presidente "podrá decretar el estado de defensa para preservar o restablecer prontamente, en lugares restringidos y determinados, el orden público o la paz social amenazados por graves e inminentes daños institucionales, inestabilidad o afectados por calamidades de grandes proporciones en la naturaleza".
Para decretarlo, el mandatario no necesita autorización previa del Congreso y su declaración tiene efectos inmediatos.
Aunque el mandatario debe escuchar a los Consejos de la República (el vicepresidente, presidente de la Cámara de los Diputados, presidente del Senado Federal, ministro de Justicia, líderes de la mayoría y minoría de la Cámara y Senado) y de la Defensa Nacional, la opinión de estos estamentos no es vinculante.
En un plazo máximo de 24 horas desde que es decretado, no obstante, el Presidente debe presentar una justificación al Congreso, quien puede confirmar o revocar la medida.
La duración del estado de defensa tiene un máximo de 30 días y contempla una sola prórroga, por el mismo período.
Sus consecuencias son la restricción de los derechos de reunión, del secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telegráficas y telefónicas; la ocupación y uso temporal de bienes y servicios públicos (sólo en caso de calamidad pública); la prisión por delito contra el Estado, determinada directamente por el ejecutor del estado de defensa.
Esta detención no podrá exceder de 10 días y será inmediatamente comunicada al juez competente, quien la relajará en caso de ilegalidad, quedando prohibida la incomunicabilidad del reo.
Por otro lado, el estado de sitio consiste en el establecimiento de una legalidad extraordinaria, por un tiempo determinado y en una zona determinada, que en este casi sí puede ser en todo el territorio nacional.
A diferencia del estado de defensa, el estado de sitio no tiene efectos inmediatos, porque necesita ser validado por el Congreso para entrar en vigor.
El borrador de decreto encontrado en la casa de Anderson Torres, tachado de "golpista", preveía además la creación de una comisión controlada por el Gobierno del ultraderechista Bolsonaro encargada de "verificar la conformidad y legalidad del proceso electoral".
La Comisión de Regularidad Electoral sería el órgano encargado de elaborar un informe final y señalar supuestas irregularidades en los comicios.
El colegiado estaría integrado por ocho miembros del Ministerio de Defensa (que designaría a la presidencia), dos miembros del Ministerio Público de la Federación, dos peritos penales federales, dos representantes del Congreso Nacional (uno de Cámara y otro de la Senado), un miembro del Tribunal de Cuentas de la Federación y uno de la Contraloría General de la Federación.
(Télam)