Una primera encuesta sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), que casi con seguridad será sometida a una referendo antes de fin de año en Uruguay, reveló que un 43% de la población respaldaría su vigencia y un 34% está a favor de derogarla, con un 23% de indecisos, mientras el Gobierno cerró filas a favor de la norma, pilar de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou.

Aunque faltan meses para la eventual consulta, la empresa Cifra hizo una primera encuesta que deja el escenario abierto por el marcado porcentaje de indecisos, más allá de que aún no se inició la campaña.

En rigor, lo que estará en debate son 135 artículos de los 476 de la ley, cuestionados por la Comisión Pro-Referendo, que alcanzó las firmas requeridas para una consulta, aunque resta que la Corte Electoral las valide.

Según Cifra, el 67 por ciento de los votantes del oficialista Partido Nacional quiere mantener la letra de la ley y lo mismo el 79 por ciento de quienes respaldaron en las elecciones a alguna de las fuerzas que integra la coalición de gobierno.

Del otro lado, entre quienes votaron al Frente Amplio, el 75% entiende que esos artículos de la LUC deben derogarse.

Además, los más jóvenes son quienes presentan una más alta adhesión a derogar los artículos (un 40% de entre 18 y 29 años) y quienes más se oponen a hacerlo son los que tienen 45 y 59 años (un 48%).

La Corte debe confirmar la validez de 672.000 firmas para llamar a una consulta, pero la Comisión reunió 797.261, según la información que difundió el jueves 8, día de la entrega de las rúbricas.

Entre los puntos de la LUC más cuestionados por la Comisión están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", con la consecuente facultad para disolverlos.

En cuanto al Código Penal, la LUC amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.

También extiende el concepto de legítima defensa a un bien material, alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos "preventivos rutinarios".

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dio hoy por hecho que “el Gobierno y los partidos de la coalición que la votaron van a salir a defender la LUC, porque ya han tenido efecto", y destacó que la norma “fue positiva en educación, en seguridad y ya no comparado con el gobierno del Frente Amplio, sino con el propio gobierno de la coalición".

En declaraciones radiales que consignó el sitio del diario El País, indicó que "una vez que se confirme que llegaron a las firmas para habilitar el referendo” se pondrá sobre la mesa la discusión sobre los efectos de estos 135 artículos.

"Está bueno salir a defender aquello que creemos que es bueno para el país y que ya ha tenido, a mi juicio, resultados positivos. Creo que la gente la va a internalizar como positiva, como artículos positivos", evaluó el funcionario.

Señaló que resulta “lógico que el gobierno de coalición y los partidos que lo integran salgan a defender los artículos” que se buscan derogar y dejó en claro que una eventual campaña "no va a detener ni a frenar" la acción del Ejecutivo.

Mientras, el Movimiento Nacional Por la Patria, corriente interna del Partido Nacional que encabeza el senador Jorge Gandini, anunció que comenzará "una campaña de información y difusión” en defensa de la LUC.

"A un año de vigencia de la LUC, ninguna de las calamidades pronosticadas por sus opositores se ha cumplido. Por el contrario, en aspectos esenciales de la vida nacional, son contundentes los datos que avalan claros avances consecuentes de las posibilidades brindadas por la ley", indicó el sector.

Del otro lado, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resaltó el número de firmas y el objetivo de derogar artículos, porque “el gobierno de Lacalle instaló con la LUC, de manera relámpago, un ajuste que limita el rol del Estado y afecta derechos fundamentales”.

“La respuesta popular ante tal atropello fue abrumadora y el miedo fue cediendo terreno, hasta que la militancia se adueñó de las calles”, afirmó la COFE en un comunicado, en el que destacó que reunir las rúbricas “fue una hazaña de los militantes de a pie, que, con las dificultades propias de la pandemia, participaron como pudieron, en el barrio, en los lugares de trabajo, en las plazas, siempre en un marco de sumo respeto, tolerancia y de participación popular”. (Télam)