Portugal disolvió hoy de forma oficial su Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), cuerpo que será sustituido por el nuevo Servicio de Extranjeros y Asilo (SEA) después de la polémica generada por la muerte de un ciudadano ucraniano tras recibir una paliza bajo su custodia en el aeropuerto de Lisboa.

"La inmigración fue y es una contribución útil a la sostenibilidad demográfica y el desarrollo económico de nuestro país", destaca la resolución del Consejo de Ministros y agrega que es importante respetar la dignidad de quienes buscan vivir y disfrutar de las oportunidades que se ofrecen el país, según la agencia de noticias Sputnik.

La resolución se centra en argumentar motivos administrativos para conseguir un enfoque "más humanista y menos burocrático" a la hora de gestionar la inmigración, separando las tareas policiales (de las que se encargarán distintos cuerpos) de las técnicas, que serán responsabilidad del SEA a partir de ahora.

Pese a que el Gobierno de Portugal insiste en calificar el movimiento como una "reestructuración" por motivos técnicos, la prensa portuguesa señala a la muerte del ciudadano ucraniano como el desencadenante de los cambios.

"La reestructuración de SEF fue decidida por el Gobierno tras el fallecimiento del ciudadano ucraniano Ihor Homeniuk en marzo de 2020 en las instalaciones de servicio del aeropuerto de Lisboa", informó el diario local Observador.

Los tres inspectores que trataron con el inmigrante ucraniano –que según su viuda se dirigía al país para buscar trabajo– se sentaron en el banquillo de los acusados por un posible delito de homicidio en un juicio que terminó hace apenas unos días.

Según el escrito de la acusación elaborado por la Fiscalía, Ihor Homeniuk recibió patadas, puñetazos y golpes de porra por todo el cuerpo. Después de la paliza, los agentes dejaron al hombre esposado y con los pies atados, descubriendo horas después que había muerto a causa de la paliza.

Sin embargo, este lunes el Ministerio Público reculó en sus alegatos finales, al señalar que no se puede probar que los inspectores desearan matarlo.

En consecuencia, la Fiscalía redujo su petición inicial de condenar a los agentes por homicidio para solicitar solo una pena por delitos de ofensas corporales graves.

La disolución del cuerpo de fronteras fue rechazada por el sindicato de inspectores de SEF, que calificó la acción como un intento de golpe de Estado porque no fue consultada con el Parlamento, que a su modo de ver es el único órgano con competencias para tomar la decisión. (Télam)