Polemica en Uruguay por desalojo de piquetes amparado por la ley que va a referendo

La disolución por la fuerza esta semana de un piquete sindical en el puerto de la capital uruguaya amparada en una polémica "ley ómnibus" impulsada por el Gobierno y que será sometida a referendo el año próximo intensificó un debate en el país sobre los riesgos que la cuestionada legislación podría suponer para el derecho a huelga.
Anteayer, varios camiones se fueron colocando frente a la terminal marítima montevideana, de tal manera que se impedía el paso y el acceso a ese punto neurálgico y emblema comercial histórico de la capital.
Eran miembros del Sindicato Único del Transporte de Cargas y Ramas Afines que se manifestaban, entre otras cosas, para denunciar que el sector recibe pagos inferiores a lo laudado en el Consejo de Salarios, instancia de negociación entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, refirió la agencia de noticias Sputnik.
La acción de protesta, que por décadas fue algo habitual, está prohibida desde la aprobación relámpago en julio de 2020 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de 476 artículos, una promesa de campaña del presidente Luis Lacalle Pou que incluye cambios normativos en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración del Frente Amplio (centroizquierda): educación, seguridad, huelga, inclusión financiera, etcétera.
Su artículo 468 declara "ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público".
Pese a las llamadas telefónicas entre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el presidente de la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores), Marcelo Abdala, para reducir la tensión, se dio la orden de desalojo de la protesta.
Llegaron uniformados de la Guardia Republicana (fuerza de elite). Trabajadores se sentaron en el suelo negándose a retirarse. Hubo forcejeos, y algunos sindicalistas fueron esposados y sacados por la fuerza.
"Esto no es Uruguay", escribió en su cuenta de Twitter la diputada Micaela Melgar, del Partido Comunista, integrante del Frente Amplio, mientras el también diputado frentista Nicolás Viera apuntaba: "La receta perfecta del Gobierno: enfrentar trabajadores. ¡Lamentable por donde se lo mire!"
Su correligionario Daniel Caggiani fue directo contra la polémica legislación: "La LUC es la ley que habilita esto. Quita derechos a los trabajadores y al pobrerío de protestar (...) Por eso hay que anularla", escribió.
En respuesta, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que la intervención policial se ajustó a las nuevas disposiciones legales y subrayó que la LUC no solo procura asegurar la libre circulación, sino también que los trabajadores que no forman parte de la huelga puedan acceder a su lugar de labores.
"Todo el que quiera manifestarse se puede manifestar. Estamos en un país democrático, lo asegura la Constitución. Lo que no podemos es impedir la libre circulación. Manifestación, críticas, carteles... todo lo que se quiera, pero el límite es la libre circulación", dijo Delgado al informativo televisivo local Telemundo.
Luego el propio presidente Lacalle Pou, en una entrevista para el informativo Telenoche, subrayó que el operativo se realizó sin violencia. "No entró ningún policía con un palo a sacar gente. Pero yo lo vi en otros gobiernos, en el gobierno pasado (...) No vamos a actuar así. La policía, en uso de la fuerza legítima, retiró a personas", afirmó.
Oficialistas recuerdan a sus críticos que el anterior presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) firmó en 2017 un decreto que ya prohibía la instalación de piquetes en calles y rutas, y que autorizaba su desalojo. Aquel decreto se aprobó en el marco de una protesta en los accesos a las instalaciones de la controvertida planta de celulosa de Montes del Plata en el departamento de Colonia (suroeste).
La polémica se produce cuando faltan 93 días para un referendo que propone derogar 135 artículos de la LUC, impulsado por el Frente Amplio y el PIT-CNT.
El Gobierno de Lacalle Pou insiste en que en las últimas semanas han recrudecido las protestas sindicales "desproporcionadas", sugiriendo que tendrían motivos políticos, pero un estudio de la Universidad Católica del Uruguay reveló que el nivel de conflictividad laboral en 2021 ha sido "relativamente bajo". (Télam)