El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció hoy que impulsará una "ley antiterrorista más eficaz", luego de una seguidilla de atentados incendiarios en la región indígena de la Araucania, en el sur del país, a donde envió ministros y jefes policiales, mientras legisladores oficialistas le pidieron que declare el estado de sitio en la zona.

El mandatario ratificó su respaldo a la labor policial de Carabineros mientras indígenas denunciaron el secuestro y el asesinato del lonko Enrique Marillán.

En este contexto, ocho diputados oficialistas, todos de Renovación Nacional (RN, el partido de Piñera), y el senador Felipe Kast, de Evolución Política (Evopoli, la nueva derecha) señalaron que no es suficiente y pidieron declarar estado de sitio en toda la zona.

"Quiero pedirle al presidente de la república que de una vez por todas declaremos estado de sitio en la región de la Araucania y así poder entregarle el derecho de vivir en un país libre y soberano a todos los chilenos, cosa que hoy no ocurre en la región", expresó en Twitter Diego Paulsen, presidente de la cámara baja y diputado de RN por uno de los distritos de la zona, cuya estancia fue atacada en 2015.

La diputada Ximena Ossandón expresó "todo" su "apoyo" a Paulsen y "su petición de estado de sitio" porque "el terrorismo se debe combatir antes de que sea muy tarde" y "las demandas" del "pueblo mapuche no pueden ser utilizadas por ideologías que buscan otros fines".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, enviado especial de Piñera a la Araucania, se reunió con las policías para analizar los hechos de violencia que se vive en esa zona e intentar buscar una respuesta para enfrentarlos.

"No nos da lo mismo lo que ocurre", enfatizó Delgado intentando aplacar los reclamos de mayor mano dura en la región, según la agencia de noticias ANSA.

La pacificación de la Araucania es una de las cinco prioridades que marcó Piñera al asumir el 11 de marzo de 2018.

Sin embargo, se lo acusó de militarizar el conflicto indígena con la creación del cuestionado comando Jungla, del cual no se volvió a hablar tras la muerte del comunero indígena Camilo Catrillanca, en noviembre de ese mismo año.

No solo los agricultores presionan por mayor seguridad sino también las poderosas empresas forestales asentadas en el lugar.

Las comunidades indígenas reivindican la restitución de tierras ancestrales, y la estatal Comisión Nacional Indígena ha comprado predios, pero a precios que se han triplicado a raíz del conflicto.

Los desalojos son escenario de enfrentamientos brutales entre indígenas y carabineros. (Télam)