La Procuraduría Anticorrupción de Perú pidió a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción la detención de forma preliminar y por una semana de siete de los implicados en el llamado “Vacunagate”, por la posibilidad de fuga u obstaculización de la investigación.

El pedido de arresto, que se sustenta en concreto en la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, incluye al exinvestigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga.

Además, se pide la detención de quienes entonces ocupaban los cargos -algunos renunciaron o fueron separados- del rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay; el asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud Carlos Castillo; el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arturo Jarama.

La procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas, señaló que aunque el documento presentado a la Fiscalía también incluye a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, finalmente no se pidió su aprehensión, porque se trató de un error, informaron el sitio del diario La República y la estatal agencia Andina.

"Existen fuertes indicios que nos permiten inferir que en el presente caso, los miembros de la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra la Covid-19 se habrían interesado indebidamente, de manera directa en razón de su cargo, en la suscripción del convenio suscrito entre el Estado peruano y el laboratorio Sinopharm para el ensayo clínico (Fase III) de la vacuna Sinopharm", ha subrayado la procuradora.

El caso estalló cuando se supo que la universidad encargada del ensayo clínico de la vacuna china contra el coronavirus hizo inmunizaciones irregulares, antes del inicio de la campaña oficial.

La renuncia del rector y los vicerrectores de la UPCH llegó luego de que aparecieran una lista de 487 personas, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, que recibieron la vacuna de Sinopharm en enero.

Villegas explicó que Málaga habría coadyuvado a que los funcionarios involucrados se interesasen de forma directa en la suscripción del acuerdo con el laboratorio chino para el ensayo clínico.

"Málaga habría facilitado a que los miembros de la comisión multisectorial manifiesten su interés indebido en las negociaciones para adquirir la vacuna de Sinopharm, pues permitió que fuesen inoculados no solo ellos sino otros funcionarios y/o servidores públicos de otros sectores del Estado, así como particulares", insistió. (Télam)