El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó hoy públicamente a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras ser acusado por la Fiscalía guatemalteca por su etapa en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

"Lo defenderemos. Él seguirá siendo nuestro ministro", subrayó Petro en declaraciones a los periodistas a su llegada a Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga", indicó ayer Petro en Twitter.

El mandatario colombiano, de hecho, aseguró que Velásquez trabajó para "destruir la impunidad que dominaba Guatemala" y defendió su labor contra la corrupción, gracias a las cuales sociedades como la guatemalteca pueden ser "las verdaderas dueñas del poder".

En este sentido, Petro, que ya llamó a consultas a su embajador en Guatemala, resaltó que no permitirá que el ministro sea "perseguido" o "acorralado" por "quienes ejercen esa impunidad", sin concretar no obstante posibles medidas si el país centroamericano "insiste en apresar a hombres justos".

La Fiscalía de Guatemala anunció ayer su intención de llevar a la justicia a Velásquez por supuestas acciones ilegales cuando ejercía funciones como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó en un video difundido ayer en redes sociales que Velásquez es señalado por avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de testigo protegido ("colaborador eficaz") de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.

El actual ministro de Defensa de Colombia dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Cicig, un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) reveló varios escándalos de corrupción.

El de mayor impacto fue el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015), a quien acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas, y que en diciembre pasado fue condenado a 16 años de prisión.

Según Curruchiche, Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) otorgaron en 2017 el "visto bueno" para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, "lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando" con la firma brasileña.

La FECI "emprenderá las acciones legales correspondientes" para que Velásquez y otros involucrados en el caso "respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos", al considerar que la negociación causó "un grave detrimento al Estado de Guatemala", afirmó.

Velásquez rechazó la acusación en un comunicado, tras indicar que no ha "sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala".

"Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala", puntualizó.

Según el fiscal Curruchiche, un juez autorizó las órdenes de captura por este caso contra Aldana; Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público; David Gaitán, exmandatario de la Cicig y Pablo Carrasco, exasesor de Odebrecht, informó la agencia de noticias AFP.

El anuncio se suma a varias detenciones contra exfuncionarios de la Cicig y exfiscales de la FECI, la mayoría acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos que la incluyó en 2021 en su listado de "corruptos y antidemocráticos".

La primera condena contra exfiscales anticorrupción se dio en diciembre, cuando fue condenada a cuatro años de prisión Virginia Laparra, exjefa de la FECI en la ciudad de Quetzaltenango (oeste), por haber denunciado a un juez por sobrepasar sus funciones. (Télam)