Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, será extraditado a Estados Unidos, que lo requiere para juzgarlo por delitos relacionados al narcotráfico, según autorizó hoy el Gobierno de Colombia.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York busca juzgar a Álvaro Córdoba, que aparece mencionado en una investigación que relaciona envíos de cocaína a Estados Unidos con ayuda de grupos de las disidencias de las FARC, que quedaron afuera del acuerdo de paz de 2016 por el que esa organización dejó las armas y se convirtió en un partido político legal.

El presidente Gustavo Petro firmó hoy la documentación que da vía libre a la extradición, el último paso que faltaba desde que a mediados del mes pasado la Corte Suprema de Justicia avalara el traslado del acusado.

A favor de Córdoba, la Corte sí estableció para permitir su extradición que el hermano de la senadora no podrá ser juzgado por posesión de una ametralladora, como también habían pedido los tribunales de Nueva York.

En febrero último, Álvaro Córdoba fue formalmente acusado por la justicia de Estados Unidos de tres delitos: concierto para traficar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para tener en sus manos esas armas.

Según medios bogotanos, entre ellos los diarios El Tiempo y El Espectador, la pesquisa señala que Córdoba sería miembro de una organización criminal cuyos movimientos se investigan desde julio de 2021 y que tendría movimiento en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.

La documentación de la corte neoyorkina detalla que un agente especial de la DEA reveló el rol de alguien identificado como “CS-1”, que buscaba lugar para “trabajar en Colombia a gran escala” y que participa en una videoconferencia grabada con Córdoba y otras dos personas.

En esa charla, Córdoba ofreció a alguien que podría “ayudar a proporcionar seguridad y conexiones con fuentes de suministro”, y tiempo después nombró como intermediarios a integrantes de las disidencias de las FARC en la ciudad de Popayán.

El Ejecutivo colombiano debe notificar de su decisión de hoy a la defensa de Álvaro Córdoba, que tiene 10 días para presentar un recurso que tuerza la resolución.

“En firme la decisión, se procede a solicitar, en este caso a Estados Unidos a través de la Cancillería, las garantías de que la persona solicitada en extradición no será sometida a penas que no estén contempladas en las leyes de Colombia, como la cadena perpetua, y que se le respetarán derechos humanos”, explicó la cartera de Justicia.

Cuando se conoció la acusación, en febrero, la senadora Piedad Córdoba reclamó que se termine “la persecución política” contra ella y su familia y desafió a que le muestren las pruebas de lo que consideró “un nuevo montaje judicial”.

La firma de Petro puede suponer una distancia todavía mayor con la legisladora –integrante del gobernante Pacto Histórico-, que debió abandonar la campaña proselitista para las elecciones de junio porque enfrentó entonces otras acusaciones en su contra, varias de ellas en pleno proceso. (Télam)