Pedro Sanchez promete respetar las decisiones de la justicia de Italia sobre Puigdemont

El presidente español, Pedro Sanchez, aseguro hoy que acatara las decisiones que los tribunales italianos adopten sobre la situacion del expresidente del Gobierno de Cataluña y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, quien fue detenido ayer en la

Mundo 24 de septiembre de 2021 Agencia Télam
El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró hoy que acatará las decisiones que los tribunales italianos adopten sobre la situación del expresidente del Gobierno de Cataluña y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, quien fue detenido ayer en la isla de Cerdeña.
"En primer lugar respeto a los procedimientos judiciales que se abran en España o en Europa, (...) y también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en Italia", dijo Sánchez en La Palma, donde se encuentra para atender la emergencia por la erupción volcánica que afecta a la isla desde el pasado domingo.
Después de esa aclaración, defendió que "Carles Puigdemont tiene que comparecer y someterse ante la justicia" tras una huida que dura ya cuatro años, desde que abandonara España en 2017" tras el referendo de autodeterminación unilateral convocado por su Gobierno, informó el portal ruso Sputnik.
Sánchez recordó que entonces había otro Gobierno al frente de España, pero destacó que desde su llegada a La Moncloa en 2018 siempre defendió la independencia de los jueces a la hora de afrontar las causas abiertas contra los líderes independentistas.
No obstante, en el plano político, Sánchez volvió a defender la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo con el Gobierno de Cataluña para buscar salidas al conflicto.
El mandatario subrayó asimismo la necesidad de "reivindicar el diálogo, porque es la única vía para reencontrarse entre los catalanes que piensan de distinta manera, pero también entre los catalanes y el resto de compatriotas que vivimos en otras partes de España".
Sánchez dijo que busca trasladar un mensaje "de compromiso y de reivindicación, hoy si cabe más aún, del diálogo entre las distintas administraciones para que los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017".
El arresto en Cerdeña de Puigdemont se produjo en virtud de una euroorden dictada por el Tribunal Supremo en 2019, tras la condena por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los responsables del referendo de 2017 que no huyeron de España.
La detención llega después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retirara la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado en un fallo emitido el pasado 30 de julio, una decisión tomada sobre la base de que el líder independentista no puede ser arrestado en estos momentos por su situación procesal.
Según esa decisión, la euroorden en su contra no se puede ejecutar hasta que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo planteó sobre los procedimientos de extradición de los líderes independentistas después de que Bélgica rechazara la entrega a España de un antiguo integrante del Gobierno de Puigdemont.
En base a la decisión del TGUE, la defensa de Puigdemont afirmó hoy que su detención es ilegal porque la euroorden se encuentra paralizada por "imperativo legal", mientras que el Gobierno de España enmarcó su arresto como una parte más de "un procedimiento judicial en curso".
La formación izquierdista Unidas Podemos (socio minoritario del Gobierno español) considera que la detención de Puigdemont es ilegal.
"La detención de Carles Puigdemont es incomprensible. Se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE. A mí me parece que eso es una detención ilegal", afirmó en Twitter el diputado Jaume Asens, presidente del bloque de Unidas Podemos en el Congreso.
Para Asens, la detención del líder independentista "es una mala noticia en el camino de la desjudicialización del conflicto" y el Tribunal Supremo "debería obedecer al Consejo de Europa cuando reclamó la retirada de las euroórdenes".
Puigdemont se encuentra detenido a la espera de pasar disposición de la Corte de Apelación de Sassari, que deberá decidir sobre su estado personal (si queda en libertad o no) y sobre si acepta o no la euroorden, lo que implicaría iniciar un proceso de extradición. (Télam)
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