José Pedro Castillo Terrones, la sorpresa de las elecciones peruanas y que disputará el balotaje contra la derechista "Fuerza Popular" (FP), es una figura difícil de encasillar, de veloz ascenso en la dispersa escena política de su país, considerado tanto un sindicalista de izquierda, como un conservador en temas como el aborto, los derechos de las minorías sexuales y el discurso de género.

De escasa participación en redes sociales -poco menos de 2.000 seguidores en Twitter el día del escrutinio, menos de 300 en Instagram y sin perfil en Facebook- Castillo supo armar otro tipo de construcción política a contramano del formato dominante, que se conectó con el conservadurismo de los sectores populares.

Consultado recientemente en una entrevista sobre si tenía conciencia de que era considerado un político "conservador" por una parte de la izquierda peruana, respondió: "A mí me han inculcado valores y me han enseñado a cortarme la uñas, eso lo vamos a trasladar al pueblo".

Nacido en el distrito de Tacabamba hace 51 años, se formó como profesor de primaria, y luego cursó un bachillerato en Educación en 2006 en la Universidad César Vallejo para finalmente graduarse como magíster en psicología educativa por esta misma casa de estudios en 2013.

Se inscribió en el partido "Perú Libre" el 30 de setiembre del 2020, casi al cierre de la fecha límite para participar en las elecciones del 2021.

Antes de esta afiliación, fue parte del partido "Perú Posible" desde el 2002, cuando trató sin éxito de ser candidato del distrito de Anguía, en Cajamarca, y abandonó la formación en 2017 cuando la agrupación política perdió su inscripción.

Su figura saltó a la luz pública como protagonista de las protestas que durante dos meses de 2017 paralizaron a una gran parte del sector educación, en contra de la gestión de la entonces ministra Marilú Martens.

En esa oportunidad lideró el "comité de lucha de las bases regionales del Sutep" (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú) que actuó sin reconocer los acuerdos que el gremio logró con el Ministerio de Educación.

El respaldo que Castillo recibió de sectores más radicales permitieron extender la huelga al punto de que el Congreso promovió una interpelación contra Martens, que terminó con una cuestión de confianza planteada por el primer ministro, Fernando Zavala, y una gran crisis del gabinete cuando esta fue rechazada.

El plan de gobierno de Castillo y de su partido, Perú Libre, cuenta con 77 páginas, y en las primeras ya plantea la necesidad de una nueva Constitución en reemplazo de la que se creó en 1993, durante el primer mandato de Alberto Fujimori.

También plantea un rol del Estado como un competidor al mismo nivel que las empresas privadas en lo que denomina una "Economía popular con mercados", sin otorgar privilegios en negociaciones a firmas transnacionales.

Para Castillo el Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza inmediata, como los principales yacimientos de la gran y mediana minería.

En materia de libertad de prensa y expresión, el plan de Castillo contempla que el Estado debe regular el sector de medios de comunicación, incluso a nivel de los contenidos que emiten, según subraya el diario local La República.

En su lista de candidatos al Congreso hay dirigentes que pasaron por al menos otros siete partidos políticos.

Pero el señalamiento más fuerte que recae en Castillo es su vinculación con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) considerado el ala política de Sendero Luminoso, según documentos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) que recogen medios limeños. (Télam)