El Comité Cívico de Santa Cruz, una de las organizaciones políticas más influyentes de la derecha de Bolivia, anunció hoy que pidió al presidente brasileño Jair Bolsonaro que brinde asilo político a la exministra de facto de Medio Ambiente María Elva Pinckert, quien enfrenta un proceso por corrupción en su país y tiene paradero desconocido hace días.

"Pedimos respetuosamente a su autoridad (que) conceda asilo político a favor de María Elva Pinckert de Paz, siendo sus razones plenamente valederas en cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario", dijo la organización en una carta a Bolsonaro, entregada a la embajada brasileña en la ciudad boliviana de La Paz.

Pinckert, exministra del Gobierno de facto de Jeanine Áñez -que asumió en noviembre de 2019 tras un golpe de Estado cívico, policial y militar contra Evo Morales- se encuentra con paradero desconocido desde el pasado fin de semana y, según sus familiares, está en el exterior, después de no concurrir a una citación de la fiscalía y declararse en la clandestinidad.

Es la cuarta integrante del gabinete de Áñez que habría salido al exterior evadiendo procesos judiciales en Bolivia. Antes de ellas fueron los extitulares de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, que viajaron a Estados Unidos, y Roxana Lizárraga, refugiada en Perú.

La carta a Bolsonaro, fechada ayer y divulgada por el mismo grupo cívico en las redes sociales, denunció que la Fiscalía boliviana intentaba procesar a Pinckert "sin respetar las garantías que se otorga a una persona imputada por un proceso penal (...) generando la indefensión absoluta".

El comité cruceño, uno de los pilares de las protestas que terminaron en la rebelión militar que obligó al expresidente Morales a renunciar y abandonar el país en 2019, pidió al gobernante brasileño que promueva una acción internacional para frenar lo que calificó como una "persecución" contra opositores, por parte del Gobierno democrático de Luis Arce, delfín de Morales.

Citó como casos de presunta violación de derechos humanos las detenciones preventivas que sufren desde mediados de marzo la expresidenta de facto Áñez y dos de sus exministros, acusados de golpe de Estado.

Pinckert, del partido derechista Demócratas basado en Santa Cruz, está acusada de tráfico de influencias y otros delitos.

Antes de salir en defensa de la exministra, el Comité Cívico de Santa Cruz ofreció refugio en sus oficinas a todos los opositores que, según su opinión, son perseguidos por el actual Gobierno. (Télam)