El proyecto que impulsa el juicio político a la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, acusada de blindar al expresidente Horacio Cartes, seguirá su proceso en la Cámara de Diputados de Paraguay mañana, luego de que los legisladores definieran hoy un nuevo cuarto intermedio.

Diputados abrió el debate el 24 de julio y desde entonces votó sucesivos cuartos intermedios mientras continuaban las negociaciones destinadas a alcanzar el número de votos necesario para aprobar la iniciativa, informaron los diarios ABC Color y Última Hora.

Se precisan 53 votos para que el juicio político salga adelante, una cifra de la que, según los impulsores del texto, estaba cerca.

Quiñónez está señalada como una funcionaria que protegió a Cartes y el eventual voto a favor de juicio político sería la primera consecuencia directa de las denuncias contra el exmandatario, dueño de un emporio de empresas y de varios medios de comunicación.

Semanas atrás, el Gobierno de Estados Unidos anunció que incorporó al expresidente a su lista Engel de personas “significativamente corruptas” y resolvió prohibirle el ingreso al territorio estadounidense y congelar sus activos en ese país.

Entre los 11 puntos que forman la acusación a la fiscal se encuentran el de blindaje a Cartes por la inacción del Ministerio Público en la investigación de hechos punibles graves que involucran al expresidente, la protección a socios del exmandatario, además de parcialidad, arbitrariedad y selectividad en diversas causas.

Mientras, el presidente Mario Abdo Benítez -duramente enfrentado a su antecesor- sostuvo días atrás que la Fiscalía General “perdió mucha credibilidad”, porque “se convirtió en un brazo político de un sector, donde, a través de promesas de impunidad, se construyó un equipo político".

"Ahí está el manto de impunidad de un sector, que le da absoluta garantía; es lamentable que la plata del crimen organizado esté influyendo para que algunos diputados no hagan quórum para llevar adelante el juicio político", afirmó Abdo Benítez.

Paralelamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el miércoles un recurso de inconstitucionalidad presentado por Cartes contra la resolución del Senado que le impidió jurar cuando dejó la jefatura del Palacio de López, para ocupar la banca vitalicia que la Constitución reserva a los expresidentes.

El detalle es que la decisión de la Corte se produjo en pleno debate en Diputados y a menos de una semana de la denuncia de Estados Unidos, después de que el pedido del exmandatario estuviera congelado desde agosto de 2018.

Más allá de la declaración de Washington sobre Cartes, su situación ya estaba en el debate público, especialmente desde que a fines de mayo pasado se revelara que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) había remitido a la Fiscalía un informe sobre el presunto esquema de lavado de activos del exmandatario, algunas personas allegadas y varias de sus empresas.

Ese reporte indica que las firmas de Cartes, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”. (Télam)