Paraguay: tenso debate sobre posible juicio politico a la fiscal general por el caso Cartes

La Cámara de Diputados de Paraguay debatía hoy un proyecto que propone formar juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, sospechada de haber favorecido al expresidente Horacio Cartes, investigado por corrupción y lavado de activos.
La sesión se llevaba a cabo en un clima tenso entre los legisladores y con incidentes en los alrededores del Congreso, informó la prensa local.
Con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el debate comenzó esta mañana y para aprobar la iniciativa se requería el voto de al menos 53 de los 80 diputados totales.
En principio, tanto los diputados de oposición como los del sector del Partido Colorado gobernante que responde al presidente Mario Abdo Benítez se manifestaron a favor del proceso político a Quiñónez.
Sin embargo, hasta este mediodía no estaba claro si la iniciativa alcanzaría la cantidad suficiente de votos para ser aprobada.
El debate, que se esperaba extenso, fue interrumpido en varias ocasiones por legisladores de Honor Colorado, el sector de Cartes, enfrentado al de Abdo Benítez.
Los parlamentarios cartistas silbaron y abuchearon especialmente a sus colegas Rocío Vallejo, Kattya González y Celeste Amarilla.
El jefe de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, acusó de “coimera confesa” a Amarilla, quien le respondió levantando el dedo mayor de su mano derecha y retirándose del recinto de sesiones.
“Estoy acostumbrado a que cuando yo hablo las ratas huyan”, dijo Núñez y, ante el llamado de atención del presidente de la Cámara, Carlos López, replicó: “Pido disculpas a las ratas, pobres ratas por la comparación”, según el diario Última Hora.
Mientras tanto, en las adyacencias del Congreso se registraron algunos choques entre policías y manifestantes a favor del juicio político a Quiñónez que trataban de avanzar hasta una esquina protegida por las vallas de seguridad.
El de hoy es el tercer proyecto contra Quiñónez, que siempre logró evitar su enjuiciamiento con votos del oficialismo colorado y algunos aliados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor de oposición.
La eventual destitución de Quiñónez sería la primera consecuencia concreta de la nueva situación de Cartes, dueño de un emporio de empresas y medios y referente de un sector del oficialismo, pero ahora acusado de lavado de dinero, organización criminal y contrabando.
El caso de Cartes volvió a tomar protagonismo el viernes, cuando Estados Unidos anunció que lo había incluido en su lista Engel de “personas significativamente corruptas”, por lo que le prohibió la entrada a su territorio y dispuso el congelamiento de los activos que pueda tener allí.
Sin embargo, el tema ya estaba en el debate público, especialmente desde que a fines de mayo pasado se revelara que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) había remitido a la Fiscalía un informe sobre el presunto esquema de lavado de activos del exmandatario, algunas personas allegadas y varias de sus empresas.
Ese reporte indica que las firmas de Cartes, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”.
Asimismo, una de las empresas del expresidente se vio implicada en el caso del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina desde el 10 de junio.
Antes de llegar a Buenos Aires, esa aeronave transportó a Aruba un cargamento de cigarrillos de Tabacalera del Este, de acuerdo con un informe remitido la semana pasada por la Seprelad a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina. (Télam)