Las organizaciones que promueven en Uruguay la derogación, a través de un referendo, de 135 artículos de la Ley de Última Consideración (LUC), columna central del Gobierno de Luis Lacalle Pou, acelerarán en las próximas semanas la recolección de firmas para llegar al número necesario para llevar el tema a las urnas, porque restan algo más de 40 días para cumplir ese paso en el plazo establecido.

Si el 8 de julio logra presentarse un número de rúbricas que equivalga al 25 por ciento del padrón (unas 650.000, aunque las organizaciones buscar reunir más para evitar eventuales inconvenientes), los uruguayos tendrán referendo antes de fin de año y el Gobierno arriesgará buena parte de su capital y, claro, de una legislación clave para su gestión.

La llamada LUC se aprobó el 8 de julio del año pasado después de un tratamiento exprés en el Congreso y consta de 476 artículos, de los que quienes buscan la consulta pretenden derogar 135, lo que suma una complejidad extrema a la hora de reunir voluntades.

Como las firmas deben ser presentadas antes del año de aprobada la Ley que se busca derogar, hay poco más de 40 días para juntarlas y llevarlas a la Corte Electoral. Después, las rúbricas atraviesan un proceso de traslado y control, y la Corte tiene 50 días hábiles para analizarlas. Si todo está bien, tiene otros 45 días para llamar a la consulta.

"La LUC instaló de manera relámpago un modelo de ajuste que limita el rol del Estado y afecta derechos fundamentales. Este mecanismo urgente impidió el debate y redujo al mínimo la información a la que pudo acceder la ciudadanía, la prensa y las organizaciones sociales. E incluso, los propios partidos políticos", advierten los organizadores en un sitio creado únicamente con fines didácticos.

Denuncian, además, que el debate "se produjo de espaldas a un contexto económico y social excepcional, con las barras y el acceso al Parlamento cerrado, con el derecho a reunión seriamente restringido, sin tiempo para la recepción de voces claves y mientras el país atravesaba dificultades graves y urgentes, como el trabajo, la alimentación, la educación y por supuesto, la salud".

La norma contiene reformas al sistema financiero, de salud, de educación, laboral, de las fuerzas de seguridad, al Código Penal y a todas las otras áreas consideradas estratégicas en el país, y el oficialismo la presentó como su "hoja de ruta".

En las dos cámaras del Congreso fue votada con los votos de la alianza gobernante -los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto- y rechazada por el Frente Amplio.

"La recolección de firmas tiene dos objetivos. El primero, el obvio, en el plano de las políticas públicas: intentar derogar los artículos que la oposición considera más negativos. El segundo, implícito, en el plano de la competencia por el poder: infligir una derrota al Gobierno y tonificar la musculatura del Frente Amplio", remarcó a Télam el politólogo Adolfo Garcé, integrante del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar).

"La recolección de firmas avanzó bastante, pese a las circunstancias sanitarias y la popularidad del presidente, que sigue siendo alta", añadió,

Garcé consideró que tanto el Ejecutivo como la oposición "arriesgan mucho" con la movida, aunque estimó que "el que tiene más chance de salir perdiendo es el Frente Amplio, porque cuesta mucho imaginar que, en caso de que se convoque al referendo, el Gobierno sea derrotado".

Distinta es, claro, la mirada del titular del PIT-CNT, la central de trabajadores de Uruguay, Fernando Pereira, quien dijo que aunque "arriesgar, siempre arriesga el que propone la convocatoria", indicó que es "probable existan condiciones de una elección muy pareja, de forma tal que también hay enormes chances de ganar" la compulsa.

Pereira llamó la atención sobre "la escasa calidad democrática" del debate de la LUC, pero fue más allá porque "lo primero es la forma, pero después está el contenido, y ahí hay muchas cuestiones negativas".

"Si no hay debate público naturalmente la gente la va a dar por aprobada sin saber qué consecuencias tendrá sobre sus vidas. En esa búsqueda vamos por un referendo que esclarezca la verdad sobre el fondo de la ley. Tiene aspectos regresivos en materia de educación pública, de vivienda, de seguridad, para las empresas públicas", enumeró el sindicalista.

Destacó que ya hay reunidas cerca de 460.000 firmas y que el plazo que falta "supone juntar 5.000, 6.000 por día". "Si el 8 de julio llegamos a las 700.000 habremos hecho algo terriblemente hazañoso: juntar al 25 por ciento del electorado en pandemia. Y en algunos momentos, en la parte más dura de pandemia", manifestó en diálogo con Télam.

Sobre la chance de que no prospere la derogación, el jefe de la PIT-CNT traza un paralelo con la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes de la dictadura: "Fuimos derrotados entonces, pero 30 años después el pueblo sigue reclamando justicia, memoria, verdad. Lo que fue una derrota electoral no fue una derrota política, porque quedó la semilla en las nuevas generaciones", evaluó.

Y pronosticó que ahora "en la medida que se tenga actitud pedagógica y se logre explicar cada artículo de los que queremos derogar, seguramente dejaremos semillas en el pueblo".

(Télam)