Casi medio siglo después de ocurrido el llamado Septiembre Negro, la masacre de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Munich 1972, el Gobierno de Alemania renovó su oferta de resarcimiento a las familias de las víctimas.

La propuesta llegó tras décadas de disputas y fue rechazada por los familiares de los atletas asesinados durante el asalto a la Villa Olímpica durante los Juegos que, aun con ese hecho trágico en el medio, siguieron adelante.

El ataque fue obra del grupo armado Septiembre Negro, que exigía la liberación de los prisioneros palestinos en Israel y en Alemania.

Once integrantes de la delegación israelí fueron tomados como rehenes por el comando terrorista y dos de ellos murieron durante el asalto, igual que un oficial de policía de Alemania Occidental.

En un posterior intento frustrado por liberar a los rehenes también murieron los nueve restantes y cinco de los ocho integrantes del grupo armado, mientras que los tres agresores sobrevivientes fueron detenidos.

Ahora, un vocero del Ministerio del Interior alemán, informó al "Sueddeutsche Zeitung" que el gobierno decidió "resarcir una vez más por las graves consecuencias a las familias de las víctimas en términos tanto intangibles, como materiales".

Pero Ankie Spitzer, vocera del grupo, dijo que los familiares están "decepcionados y furiosos", porque “la suma ofrecida es un insulto”, según reportó "Redaktionsnetzwerk Deutschland", que no publicó la suma propuesta.

Spitzer, viuda de André Spitzer, entrenador del equipo de esgrima israelí, puso en duda que los familiares participen en la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la tragedia, el 5 de septiembre.

Las familias de las víctimas argumentan que el dinero que se pagó no es suficiente. Inmediatamente después del atentado, según el Ministerio del Interior, hubo pagos por parte de Alemania a los familiares por 4,19 millones de marcos (poco más de dos millones de dólares), consignó el sitio de la Deustche Welle.

Además de un resarcimiento económico, la disputa apunta a una revisión histórico-política de los hechos y a la apertura de los archivos relacionados con el caso, a los que los familiares nunca accedieron.

El secuestro fue obra de una facción Al Fatah y la OLP (Organización para la Liberación Palestina, ambas lideradas por Yasser Arafat), cuyos integrantes se hacían llamar “combatientes de la libertad”.

Un reclamo por daños y perjuicios por unos 20,45 millones de euros (20,86 millones de dólares) por errores masivos en la operación policial fue desestimada por haber prescrito.

"Con motivo del próximo aniversario y de las cuestiones aún abiertas de revalorización y clasificación histórica, el Gobierno federal ha reevaluado estos acontecimientos y la forma en que se trataron en las últimas semanas", indicó el Ministerio del Interior.

Y anunció que además de los pagos, se formará una "comisión de historiadores alemanes e israelíes para hacer un balance exhaustivo de los hechos", en busca de lograr "una nueva valoración política, clasificación y recuerdo de los acontecimientos desde la perspectiva del año 2022". (Télam)