La máxima funcionaria de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó hoy su preocupación por los “crecientes signos de reducción del espacio cívico” en Venezuela, al actualizar su informe sobre la situación humanitaria en el país caribeño, cuyo Gobierno lo rechazó y lo calificó de desbalanceado e infundado.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro sostuvo en un comunicado que el informe es consecuencia de “la presión de actores antivenezolanos” y realiza “afirmaciones sesgadas”, a la vez que advirtió que “someterá a revisión la relación” con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) y el acuerdo por el que permite que funcionarios de ese organismo trabajen en el país.

"Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el gobierno de Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima, en clara violación de las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”, sostuvo el comunicado de la Cancillería venezolana.

“Es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos”, agregó la nota.

En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet afirmó que la situación humanitaria se agravó en los últimos meses en Venezuela por la pandemia de coronavirus y que esto generó protestas sociales y un continuado éxodo.

“Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico”, dijo la alta comisionada de la ONU luego que una misión independiente del organismo que el año pasado estuvo en Venezuela denunciara ayer, en otro informe, que continúa la represión de opositores.

“Desde septiembre, mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición”, señaló Bachelet.

Agregó que en el mismo período “el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aun más limitado por el efecto de la pandemia” y “esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria”.

“Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de un dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado 1.800% en el último año” y “alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”, advirtió la expresidenta chilena.

Bachelet subrayó que “en este contexto la asistencia humanitaria es aun más esencial” y añadió: “Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos.”

Asimismo, remarcó que su oficina sigue recibiendo denuncias de “ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad”, al dar una nueva actualización periódica del informe sobre la situación humanitaria en Venezuela, en cuya primera versión, en julio de 2019, denunció 6.856 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

En la sesión del Consejo, el representante argentino, Federico Villegas, condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela pero también las sanciones económicas impuestas por una parte de la comunidad internacional al país caribeño.

“Reiteramos nuestra preocupación por los derechos humanos, así como por la crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia de Covid-19”, sostuvo el diplomático en su discurso.

Villegas instó en nombre de la Argentina a las autoridades de Venezuela a efectuar “investigaciones exhaustivas sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos, llevando a los perpetradores ante la Justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas”.

En tanto, el representante de Venezuela, Héctor Constant Rosales, lamentó que el informe de Bachelet contuviera a su juicio datos “no corroborados por las autoridades venezolanas” y reclamó “el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados”.

No obstante, Constant aseguró que “están equivocados quienes piensen que (el informe) disminuirá los avances de Venezuela con la oficina del Acnudh” y ratificó “la voluntad de seguir cooperando con sus mecanismos”, así como “el compromiso” de su país “por la promoción y protección de los derechos humanos”.

Sin embargo, pocas horas después, el gobierno de Maduro advirtió en un comunicado publicado en redes sociales que “ante los infundados señalamientos emitidos” en el informe de Bachelet, “someterá a revisión la relación con la oficina del Acnudh y la próxima renovación de la carta de compromiso” que permite a miembros de ese organismo trabajar en el país.

Ayer, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU afirmó en un informe que registró más de 200 asesinatos cometidos por fuerzas policiales en lo que va del año y de 100 detenciones de manifestantes en protestas desde septiembre pasado, entre otros datos. (Télam)