Transportistas, autoridades ancestrales de pueblos originarios y otras organizaciones sociales volvieron a llevar hoy al centro de Ciudad de Guatemala su postura en defensa de la democracia y en contra del accionar del Ministerio Público, que mantiene una ofensiva contra el partido Semilla, del electo presidente Bernardo Arévalo.
En caravana desde la ruta Interamericana, varios grupos marcharon hasta el centro histórico capitalino, donde anunciaron además otras protestas, pero sin bloqueos de rutas.
La convocatoria reunió a autoridades indígenas de Sacapulas, Quiché, y de San Juan Comalapa, Chimaltenango, que se plegaron a la fila de taxis, microbuses y camiones que entraron a la ciudad.
“Presente en defensa de la democracia”, decía un telón que encabezaba la protesta.
Varios sectores y organizaciones iniciaron el 2 de octubre una serie de manifestaciones en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios judiciales, a quienes acusan de atentar contra la democracia.
Los manifestantes hicieron paradas frente a las sedes de Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso de la República, la Plaza de la Constitución y la Corte de Constitucionalidad (CC).
A la investigación inicial contra Semilla por presuntas irregularidades en las afiliaciones, se sumó en las últimas semanas otra por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac), caso este que involucra directamente al binomio presidencial electo.
la semana pasada, la Fiscalía de Guatemala anunció que pediría dejar sin fueros a Arévalo, por la ocupación de esa universidad en 2022.
"El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León" y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de sus fueros, dijo entonces el fiscal Saúl Sánchez en conferencia de prensa.
Los supuestos delitos son depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Arévalo, de 65 años, había solicitado el 18 de septiembre a la Corte Suprema dejar sin efecto todas las actuaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, y en su lugar procesar a la cuestionada fiscal general, Porras, pero el cuerpo rechazó el pedido.
La petición también abarcaba al fiscal Rafael Curruchiche, que dirigió allanamientos a oficinas del TSE y al juez Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su conformación en 2017.
Los tres funcionarios son considerados por Estados Unidos como personajes "corruptos" y "antidemocráticos" y desde 2021 les prohibió el ingreso a su territorio.
El socialdemócrata Arévalo, que se impuso el 20 de agosto en segunda vuelta y asumirá la presidencia en enero de 2024, sostiene que las acciones contra su partido obedecen a un "golpe de Estado en curso" por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción.
El titular de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, advirtió hoy en la red X (antes Twitter), que “la democracia guatemalteca sigue en riesgo”.
“La comunidad internacional debe permanecer alerta y pedir al presidente Alejandro Giammattei y al sector privado que condenen los ataques del Ministerio Público”, evaluó Pappier. (Télam)