Imágenes hasta ahora inéditas, captadas por cámaras de seguridad y drones durante los ataques a las sedes de los tres poderes de Brasil de parte de grupos bolsonaristas, el 8 de este mes, muestran que los golpìstas “tenían conocimiento previo de la ubicación de las instalaciones del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) y utilizaron tácticas de resistencia contra la policía”, informó hoy la prensa oficial brasileña.

La conclusión surge del estudio y análisis de nuevas imágenes que ya están en manos de la Policía Federal y de los investigadores de los hechos de esa jornada.

La estatal Agencia Brasil dio cuenta de estas filmaciones hasta acá desconocidas, que muestran el accionar de la turba de atacantes.

Los videos “captaron los momentos que precedieron a la depredación de la Corte Suprema y muestran la acción de los agentes de la Policía Judicial para tratar de contener a los manifestantes, quienes intentaron ingresar simultáneamente por el frente y costado del edificio sede”, señaló el informe.

Las imágenes permiten ver el repliegue de las tropas tras la invasión y el momento del reinicio de la situación, que contó con la ayuda de policías del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar del Distrito Federal y del Comando de Operaciones Tácticas. (COT), un grupo élite del PF.

Uno de los videos que forman parte de la investigación muestra que la policía no pudo evitar que los atacantes llegaran al STF, pese a que la Policía Militar usó una barrera de protección y un vehículo blindado.

Al llegar al edificio, los manifestantes fueron recibidos con bombas aturdidoras, granadas de humo y balas de goma, pero tampoco así pudieron ser contenidos y los agentes se retiraron “para tratar de proteger otras instalaciones de la Corte, como los anexos 1 y 2, donde se encuentran los sectores administrativos y oficinas de ministros”, según Agencia Brasil.

Otro de los videos corresponde a una cámara instalada en la vestimenta de uno de los responsables de la seguridad y permite escuchar los disparos de fogueo, el ruido de las bombas con efecto aturdidor y los gritos de orden de los golpistas.

También dejan ver los videos inéditos el momento del robo de una réplica de la Constitución y de la toga de uno de los ministros.

Según fuentes citadas por la agencia estatal, “la investigación preliminar de los hechos demuestra que los golpistas tenían conocimiento previo de la ubicación de las instalaciones del STF y utilizaron tácticas de resistencia contra la policía, como el uso de hidrantes”.

Los atacantes, además, “usaron camillas de brigadistas para romper cámaras de seguridad y mangueras contra incendios para mojar el lugar y mitigar los efectos de las bombas de gases”, aunque algunos tenían máscaras.

Las mismas fuentes informaron que las guarniciones de la Policía Militar que intentaban combatir a los manifestantes estaban “sin equipo adecuado, como cascos y granadas, objetos que fueron prestados por la policía del STF”.

Los mismos investigadores señalan que “la liberación de la Explanada dos Ministerios por parte del gobierno del Distrito Federal fue decisiva para la invasión” de la sede.

Un documento firmado por el STF, la Policía Federal y la Cámara de Diputados había dispuesto el cierre de la avenida en caso de presencia de manifestantes en el lugar.

Otro factor evaluado fue la falta de contención de las protestas en la Alameda dos Estados, ubicada frente al Congreso Nacional.

Poco después de los ataques, el STF comenzó a renovar el edificio de la sede, donde se encuentra el pleno de la Corte.

Se estima que el 1 de febrero las reformas estarán terminadas -o muy avanzadas- y los magistrados harán su primera sesión presencial después del intento de golpe.

Desde que Luiz Inácio Lula Da Silva se impuso en la segunda vuelta, sectores cercanos al mandatario saliente, Jair Bolsonaro, se manifestaron a las puertas de cuarteles y con campamentos en reclamo de desconocer el resultado.

Aún así, Lula asumió el domingo 1 de enero, pero justo una semana más tarde el Ejecutivo sufrió el ataque, por el que hay varias investigaciones abiertas y cerca de 1.500 detenidos, que podrían ser acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. (Télam)