A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales y a 20 días del inicio de la campaña proselitista, el líder sandinista Daniel Ortega parece encaminarse sin sobresaltos, al menos en las urnas, a lograr otro mandato como presidente de Nicaragua porque sus pocos rivales que pudieron sortear la mecánica de detenciones e ilegalización de partidos no muestran chances de reunir voluntades mayoritarias en los comicios, severamente cuestionados desde adentro y afuera del país.

Si con el período que terminará en enero Ortega ya se había convertido en el presidente con más años en el poder en el país -Anastasio Somoza padre estuvo de 1937 a 1947, y su hijo homónimo de 1967 a 1972 y de 1974 a 1979-, el nuevo quinquenio que podría lograr en noviembre lo pondrá en un lugar que difícilmente otro mandatario pueda alcanzar.

En rigor, Ortega, postulante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), todavía debe cumplir la formalidad de superar en los votos a Alfredo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); a Mauricio Orúe Vásquez, del Partido Liberal Independiente (PLI); a Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); a Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense; y a Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE).

Un dato permite especular con cierta perspectiva: estas fuerzas opositoras -aunque varias de ellas son señaladas como colaboracionistas- rondaron en las elecciones de 2016, sumadas, el 25% de los votos, lejos del 72% que sumó el FSLN.

Ortega lleva más de la mitad de su vida como líder indiscutible del FSLN, partido del que ya fue único candidato presidencial en 1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011 y 2016.

Esa holgura que se espera en las urnas, sin embargo, no significa que el camino hacia otra reelección -desde el 2014 no hay límite en el número de mandatos, según votó el Congreso- haya estado allanado o falto de polémicas: desde junio, una serie de detenciones de dirigentes opositores puso a las elecciones en un estado que bordea lo irregular.

De la treintena de dirigentes arrestados, algunos en sus domicilios, otros en penales y unos pocos sin que se sepa donde están, ocho habían adelantado alguna aspiración presidencial para estas elecciones.

Los principales partidos de oposición parecían encaminados a ir unidos y discutían el modo en que definirían los nombres de la fórmula.

Todas las detenciones excepto una se hicieron al amparo de una ley llamada de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que tiene apenas 224 palabras, dos artículos (el segundo de forma) y que fue votada en solo 24 horas por el Congreso, dominado por el oficialismo.

En algunas de las acusaciones se agregaron lavado de dinero y falsificación de documentos. En todos los casos, la figura que cae sobre los arrestados es la de "traición a la Patria".

La única excepción es la de la periodista Cristiana Chamorro, cuyo caso por lavado de dinero y falsedad ideológica fue elevado a juicio esta semana.

Los precandidatos detenidos son el excanciller José Pallais, el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el exdiplómatico Arturo Cruz, Cristiana Chamorro -que se perfilaba como la principal competidora de Ortega y suma la acusación de lavado de dinero-, el economista Noel Vidaurre, el también periodista Miguel Mora y el dirigente campesino Medardo Maidena.

Entre los detenidos también está la exmodelo Berenice Quezada, que iba a ser la segunda en la fórmula de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que llevaría al frente al exjefe de la Resistencia Nicaragüense (conocidos como "los contras") Oscar Sobalvarro.

El caso de CxL es elocuente: primero detuvieron a Cruz y a Juan Chamorro, después a Quezada y una semana después el Consejo Electoral canceló la personería jurídica de la fuerza porque su titular, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad. La fuerza, claro, quedó fuera de los comicios.

Ya habían sido canceladas antes otras dos estructuras: la del Partido Conservador y la del Partido para la Restauración Democrática.

La serie de arrestos generó repudios de prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos y de varios bloques de países.

"Las elecciones que realizará Nicaragua no serán libres ni democráticas ya que el gobierno del presidente Ortega ha detenido a una enorme cantidad de opositores. Sólo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente, acorde con los estándares democráticos internacionales, puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica", advirtió la Unión Europea (UE).

Estados Unidos, que además sancionó a varios funcionarios del Gobierno nicaragüense, consideró que el proceso electoral "perdió toda credibilidad".

El Consejo Permanente de la OEA, en tanto, condenó las detenciones de opositores y cuestionó que el gobierno de Ortega no implementara las reformas electorales que la organización recomendó.

Ese pronunciamiento se logró con 26 votos sobre 34, y la Argentina y México se abstuvieron porque juzgaron que la votación del Consejo violaba "el principio de no intervención en los asuntos internos" de un país, aunque emitieron un comunicado conjunto en el que repudiaron la "persecución política a opositores".

Ya en junio, los dos países habían expresado ante la ONU su "preocupación" por los arrestos y llamado en consulta a sus respectivos embajadores en Managua, una decisión que el Gobierno de Ortega replicó un mes y medio después con críticas a los conceptos "intervencionistas" de las dos naciones.

Finalmente, Amnistía Internacional evaluó, el pasado 2 de agosto, que "la permanencia de Ortega perpetuaría la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes del derecho internacional cometidos bajo su mando".

Con ese cuadro de fondo, el primer domingo de noviembre se elegirán, además, 90 diputados para la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano. Formalmente, las campañas empezarán el sábado 25 de este mes.

El sistema electoral prevé una improbable segunda vuelta, evitable si el ganador alcanza el 45% de los votos o un mínimo de 35% y 5 puntos de diferencia con el segundo. Quien gane empezará su mandato el 10 de enero, y un día antes asumirán los nuevos legisladores. (Télam)