La incertidumbre y el miedo en el que viven las mujeres de El Salvador volvieron a manifestarse en dicho país de América Central, tras la decisión adoptada esta semana por la Asamblea legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, de archivar una propuesta para despenalizar el aborto.

El Salvador es uno de los cinco Estados del mundo donde aún el aborto está totalmente prohibido, incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer por malformación del feto.

Además, según las leyes salvadoreñas, es considerado un delito ayudar a una mujer o a una niña a someterse a un aborto.

"La decisión de la Asamblea Legislativa (del 19 de mayo) constituye un tremendo error porque le da la espalda a las mujeres pobres, jóvenes y niñas salvadoreñas", dijo a Télam desde San Salvador, la capital del país, la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, Morena Herrera.

La dirigenta dijo que para el próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se está organizando la primera marcha de este tipo en el país, respaldada por distintas organizaciones sociales.

Al ser entrevistado por el rapero René Pérez, más conocido como "Residente", el presidente Bukele afirmó a fines de marzo de 2020: "No estoy a favor del aborto, en el futuro nos daremos cuenta de que es un gran genocidio".

El mandatario, de 39 años, también se manifestó en contra del matrimonio igualitario, informó el sitio online Nodal, noticias de América Latina y el Caribe.

El miércoles, la Asamblea Legislativa -controlada por Nuevas Ideas (NI) de Bukele- decidió archivar una propuesta para reformar el Código Penal, presentada por los colectivos feministas en 2016, que propone la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo.

La iniciativa también está referida a casos de violación, trata de personas o cuando se registren malformaciones del feto que "hagan inviable la vida fuera del útero", entre otros casos.

Se estima que entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres fueron condenadas por delitos relacionados con la penalización del aborto, y las autoridades salvadoreñas denunciaron a otras 250 mujeres por abortar, según informes de la BBC.

El caso de Manuela, una mujer de 31 años analfabeta y de escasos recursos, que vivía en el departamento de Morazán al este del país, es emblemático para las mujeres de El Salvador.

En febrero de 2008 fue condenada a 30 años de cárcel, tras perder a su bebé luego de sufrir una hemorragia y síntomas de preeclampsia (presión arterial alta), y dos años después falleció de cáncer linfático, esposada a la cama de un hospital.

En un proceso judicial en el que no se le permitió tener un abogado durante los interrogatorios, la justicia salvadoreña la acusó del delito de "homicidio agravado" por haber abortado, según la prensa.

De acuerdo a un informe de la organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, por lo general las mujeres que sufren interrupciones espontáneas del embarazo en El Salvador son sospechosas de haberse sometido a un "aborto".

Como esta practica está prohibida en todas las circunstancias, a menudo las autoridades las acusan de cometer posteriormente "homicidio" u "homicidio agravado".

Herrera, que también forma parte de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, afirmó que dicha decisión legislativa "es una desconsideración a los esfuerzos que se han estado haciendo desde muchas organizaciones sociales".

"Nosotras seguimos en la lucha por la libertad de las mujeres que están criminalizadas y ahora mismo presas, cumpliendo 30 años de cárcel por delitos que no cometieron, incluso durante la pandemia, y vamos a seguir exigiendo a la Asamblea Legislativa y al Gobierno, que garanticen los derechos de las mujeres y las niñas salvadoreñas", señaló.

Herrera, de 61 años, dijo también que "las mujeres están careciendo de acceso anticonceptivo y la atención de la salud durante el embarazo es muy frágil en muchas comunidades y barrios, donde tienen un servicio muy precario".

"Hace pocos días han encontrado una fosa con más de 35 cadáveres de mujeres, la mayoría jóvenes, con señales de violencia sexual y también de tortura. Esto evidencia que las desapariciones forzadas terminan en femicidio, una realidad ocultada en El Salvador", relató Herrera.

El 1° de mayo, la Asamblea Legislativa destituyó y reemplazó a cinco jueces de la Sala del Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general Raúl Melara, generando el repudio de la oposición.

Estados Unidos se manifestó preocupado por la "división de poderes" en El Salvador, y a raíz de esta situación la Agencia de ese país para el Desarrollo Internacional (Usaid) retiró el viernes la asistencia económica a dos instituciones gubernamentales salvadoreñas. (Télam)