El nuevo proyecto de reforma tributaria del presidente de Colombia, Iván Duque, no convenció a los miles de ciudadanos que volvieron a salir hoy a las calles de las principales ciudades del país para pedir el retiro total de la propuesta, en medio de crecientes denuncias de abusos durante la represión policial de las últimas protestas.

En paralelo, la Fiscalía colombiana anunció hoy la apertura de una investigación sobre seis homicidios ocurridos durante estos cuatro días de manifestaciones masivas para verificar "si tienen o no que ver con la conflictividad social que se está presentando en la región".

La reformulación del proyecto de reforma anunciada en la víspera por Duque, quien retiró las propuestas más polémicas como el aumento del IVA a bienes y servicios o la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto de la renta, no persuadió a los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.

Tras una madrugada con violencia en varias urbes, que dejó un muerto por arma de fuego en la sureña Cali, miles de colombianos protestaron por cuarto día consecutivo contra una medida que, según denuncian, castiga a la clase media en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus.

Al ritmo de bombos y cacerolazos, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil marcharon en numerosas localidades en el día internacional de los trabajadores.

"Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país", un Gobierno decida "hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo", dijo un manifestante de Bogotá, que pidió no ser identificado, según la agencia de noticias AFP.

En la capital, la marcha se dividió en dos: una parte se dirigió a la central Plaza de Bolívar, cercana a la sede del Poder Ejecutivo, y otra a la casa de Duque, cuya popularidad es de apenas un 33%.

Además de la capital, se registraron marchas multitudinarias en Medellín (noroeste), Cali (suroeste), Barranquilla (norte) y Neiva (centro), así como en ciudades intermedias.

Si bien en su mayoría se desarrollaron de forma pacífica, se registraron algunos incidentes en las caribeñas Barranquilla, donde un grupo de manifestantes atacó la sede de una cadena de almacenes, y Cartagena, donde incendiaron barricadas, según el diario El Tiempo.

En tanto, en Medellín, el alcalde Daniel Quintero alertó sobre supuestas amenazas y ataques contra la red de transporte público y manifestantes.

"Amenazas graves que tomamos muy en serio para hoy 1 de mayo. Por un lado, grupos radicalizados planean ataques al Metro. Por el otro, grupos de (autodefensa) Convivir quieren aprovechar el desorden para disparar a manifestantes. Hemos dispuesto efectivos para defender la vida e infraestructura", tuiteó.

Desde el inicio de las protestas, el pasado miércoles, se produjeron una serie de disturbios en el centro y el suroeste del país, que llevaron a la militarización de la ciudad de Cali, epicentro de las movilizaciones.

El Gobierno decidió enviar más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios Esmad, 1.800 policías, dos helicópteros y 60 motos.

De los seis homicidios investigados por la Fiscalía, cinco ocurrieron en esa localidad, capital del departamento del Valle del Cauca, con 2,2 millones de habitantes.

Ante el silencio oficial, organizaciones de derechos humanos y congresistas de la oposición han denunciado en redes sociales y comunicados que los homicidios por impactos de armas de fuego podrían ascender a 14 y se dieron en medio de abusos de la fuerza pública.

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes alertó en un comunicado que "en las calles (de Cali) están asesinando a los manifestantes".

Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que los desmanes fueron orquestados por "organizaciones criminales", entre las que se encuentran disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con la exguerrilla de las FARC en 2016.

La cartera de Molano fue la única entidad en brindar un balance oficial sobre los disturbios y represión de las protestas, aunque solo reconoció un civil muerto, sin dar más detalles, y 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 185 arrestos realizados en los últimos días.

Ni la oficialista Defensoría del Pueblo ni la Procuraduría, encargada de vigilar el ejercicio de los funcionarios públicos, se han pronunciado al respecto, pese a que se multiplican las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En un pedido de "acción urgente" radicado en el Congreso, 19 legisladores informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por "el accionar de la policía" e indicaron tener información sobre 105 personas heridas en las manifestaciones.

Por otra parte, Twitter eliminó una publicación del expresidente Álvaro Uribe por incitar a usar armas contra los manifestantes, en una violación a las reglas de la red social.

En el mensaje, Uribe apelaba al "derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad", lo que la red social consideró que "viola las políticas con respecto a la glorificación de la violencia".

Las protestas contra la reforma tributaria, con la que el Gobierno pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para estabilizar las finanzas del país tras su peor desempeño en medio siglo, se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.

Con más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos, el país es, respectivamente, cuarto y quinto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población. (Télam)