Vladimiro Montesinos, asesor del expresidente de Perú Alberto Fujimori en la década de los noventa, regresará al penal en el que tenía beneficios cuestionados por el Gobierno, que ante esto había promovido su traslado a una cárcel de extrema seguridad para presos por delitos contra la humanidad, de acuerdo con un fallo judicial publicado hoy.

“Ordenan que la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario disponga el traslado del interno Vladimiro Montesinos Torres del establecimiento penitenciario de Ancón 1 al Centro de Reclusión de Máximo Seguridad de la Base Naval del Callao (Cerec), bajo el régimen penitenciario que existía antes de la vulneración de sus derechos”, señala la resolución.

El presidente peruano, Pedro Castillo, fue el que apoyó el traslado de Montesinos a Ancón I bajo un régimen de extrema seguridad para presos por delitos de terrorismo, corrupción, narcotráfico, traición a la patria, contra la humanidad y otros de alta peligrosidad y riesgo penitenciario y para la nación con el argumento de que no habría "privilegios".

Montesinos realizó al menos 17 llamadas telefónicas en medio de la campaña promovida por la hija y heredera política de Fujimori, Keiko Fujimori, para intentar revertir los resultados de la votación presidencial del pasado 6 de junio, donde perdió frente a Castillo.

Montesinos está condenado por varios casos, como el que culminó con la pena de 20 años de prisión por un acuerdo para proporcionar 10.000 armas de asalto a la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) procedentes de Jordania.

También está condenado a 25 años de prisión junto a otros militares del Grupo Colina por la matanza de Barrios Altos y la muerte del periodista Pedro Yauri durante el régimen autocrático de Fujimori, quien protagonizó un autogolpe de Estado a principios de la década de 1990.

El 24 de agosto del 2021, Montesinos fue trasladado al penal de Ancón debido a los permisos que tenía en la Base Naval del Callao para realizar llamadas por teléfono y utilizar las redes sociales por dos horas diarias.

Trascendió que usaba estos servicios sin especificar qué números marcaría ni con qué personas se comunicaría.

Para evitar ello, Aníbal Torres, ministro de Justicia por ese entonces, decidió imponerle un régimen penal de extrema seguridad.

“El régimen en que ha sido ubicado el interno Montesinos es el régimen cerrado especial y conforme establece el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, no corresponde el acceso a teléfono público como lo tenía en la naval. Sin embargo, sí está garantizado su derecho a comunicación epistolar, pero esta comunicación tiene que ser previamente verificada por razones de seguridad”, refirió Torres en ese momento.

En principio, Montesinos saldría en libertad en 2026, cuando termine de cumplir una sentencia por la autoría mediata (con dominio del hecho) por la matanza de Barrios Altos (1991), perpetrada por el grupo militar encubierto Colina. (Télam)