El anuncio del presidente de Chile, Sebastián Piñera, sobre el decreto de un Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante 15 días, con la participación de las Fuerzas Armadas, ante la “grave alteración del orden público”, como definió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco, de la Región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía, ha traído un fuerte rechazo de las autoridades de las zonas mencionadas y de líderes opositores.

El mandatario explicó en conferencia de prensa que este decreto se debe a los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado” en zonas del sur de Chile durante las últimas semanas, con lo que agregó imputaciones y calificaciones penales graves a la protesta mapuche.

Sobre la medida, indicó que tendrá una duración de 15 días, “prorrogables por otros 15 días, según la Constitución y la ley”.

Según la actual Constitución chilena en su artículo 42, las provincias bajo la medida quedarán a cargo de los jefes de Defensa Nacional que designe el Presidente de la República.

Los dos jefes de la defensa nombrados fueron el almirante de la Armada Jorge Parga, quien estará a cargo de la región del Biobío, y del general de Ejército Lionel Curvi, en La Araucanía, informó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Sobre el anuncio, el gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas, señaló que la medida “responde a un fracaso que ha venido ocurriendo por parte del Estado hace muchos años en temas de seguridad”.

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La autoridad local, en diálogo con CNN Chile, indicó que el Estado “no han estado a la altura de la situación” y planteó que el mejor camino para destrabar el llamado “conflicto mapuche” es el diálogo entre las partes.

Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo aseguró que la estrategia del Gobierno con este anuncio es repetida y “fracasada” y que sólo “aumenta el espiral de violencia” en la zona.

Vallejo, que integra el comando de campaña del candidato izquierdista Gabriel Boric, sostuvo vía Twitter que, con esta medida, el Ejecutivo “demuestra que no quieren dialogar ni buscar acuerdos, ni menos respetar los derechos humanos, sólo aumenta la polarización".

En la misma red social, el comunista Daniel Jadue, alcalde de la comuna capitalina de Recoleta, afirmó que “(Piñera) busca desviar la atención de sus oscuros negocios descubiertos por los Papeles de Pandora, la militarización de la zona es el camino errado y tendrá duras consecuencias”.

El anuncio coincide con la reiterada solicitud del candidato de la coalición oficialista, Sebastián Sichel, de pedir un Estado de Excepción en la zona con el argumento de que “Carabineros y la PDI solos no pueden”.

Según Piñera, el decreto establece que “las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones” a las fuerzas de seguridad de la zona, más no reemplazarlas para atender la violencia de las localidades.

El conflicto mapuche, un enfrentamiento entre los pueblos originarios que reclaman sus tierras ancestrales contra las fuerzas de seguridad del Estado, que data de hace muchos años en el sur de Chile, se ha tensionado también luego de conocerse la muerte de una estudiante de derecho en medio de una protesta mapuche en el centro de Santiago el pasado domingo.

Denisse Cortés, de 43 años, colaboradora de la ONG Defensoría Popular, murió la tarde del domingo 10 de octubre durante una marcha por la resistencia indígena, realizada en el centro de Santiago de Chile, con el objetivo de reclamar reivindicaciones a los pueblos originarios.

En la manifestación se generaron episodios de enfrentamientos entre los presentes y carabineros en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, conocida como la Alameda, una de las principales avenidas de la capital chilena.

Al respecto, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago informó que tres unidades de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) tendrán a su cargo la investigación sobre la muerte de Cortés, ocurrida en situaciones aún no esclarecidas, mientras manifestantes y carabineros se endilgan mutuamente la responsabilidad en el asesinato.

Los tres organismos de la PDI encargados son la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y las personas, la Brigada de Homicidios y la Brigada de Reacción Táctica (esta última es la encargada de investigar todo lo relacionado a explosivos y pirotecnia).

“Según la versión de Carabineros, la mujer habría recibido el impacto de un fuego artificial lanzado por personas que estaban a unos cuantos metros de los funcionarios policiales y de la víctima”, reseña el diario La Tercera.

Teo Saavedra, madre de Denisse Cortés, dijo no creer en la versión de Carabineros, quienes “no dejaban que nadie pasara” a ayudarla al momento de recibir el impacto del fuego artificial.

“Dicen que fue un fuego artificial, yo tuve la desgracia de ver a mi hija muerta, si la hubieran visto, no es un fuego artificial”, dijo la mujer, según reportes del diario Universidad de Chile.

Denisse Andrea Cortés Saavedra era una activista defensora de los derechos humanos y también dirigente de la Organización de Padres y Apoderados Movilizados, por lo que, según informan medios chilenos, era una asidua de las protestas sociales que se viven en Chile desde 2019.

Según consigna La Tercera, Cortés acudía a las comisarías donde estaban los adolescentes detenidos por desórdenes, "incluso llevándoles calcetines nuevos a los detenidos, ya que, por lo general, quedaban arrestados para ser sometidos al control de detención al otro día y pasaban la noche mojados en calabozos".

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano lamentó el fallecimiento de la estudiante del tercer año de derecho. (Télam)