Las balas que mataron a 10 ciudadanos en la llamada masacre de Senkata, durante las protestas de noviembre de 2019 contra el golpe que destituyó a Evo Morales, salieron de la sede de la empresa YPFB y de la caravana militar, según el resultado final de las pericias, difundidas hoy por el Ministerio Público de Bolivia.

Las investigaciones confirmaron que los proyectiles de arma de fuego de esa jornada salieron desde la planta de gas y del convoy del contingente militar que era parte del operativo contra las protestas en esa zona de El Alto, cercana a La Paz.

El 19 de noviembre de 2019, cerca de las 10.30, en la zona de Senkata hubo un operativo policial y militar para el reabastecimiento de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto, desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El traslado se hizo mediante una caravana, en medio de las manifestaciones civiles a causa del conflicto postelectoral de 2019, y la represión a las protestas dejó 10 muertos y una treintena de heridos.

“Tenemos indicios de las pericias perimetrales, inspección ocular, reconstrucción y declaración de testigos, que al regresar este convoy (a la planta de Senkata), algunos de ellos habrían disparado a personas. Nuestra georeferenciación también estableció que algunos disparos han salido del interior de la planta de Senkata”, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

Según la investigación de la Fiscalía, cuando las cisternas estaban en marcha escoltadas por cuatro vehículos blindados de las Fuerzas Armadas y dos del Ejército, cada uno con unos 10 efectivos en su interior, recibieron la orden de retornar a Senkata por las protestas que se registraban en la zona.

Esa caravana recibió al parecer la orden del general de Ejército y exdirector ejecutivo nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando Valverde de reforzar el contingente militar que se encontraba dentro de la planta y presuntamente los efectivos militares abrieron fuego para reprimir a los ciudadanos que se manifestaban.

“Hay declaración de algunos militares que estaban dentro de esos convoy, que tenían de 9 a 10 personas que identifican a esta persona (Valverde), quien habría ordenado el retorno y regreso de los mismos”, explicó el fiscal, según la estatal agencia ABI.

Valverde fue imputado hoy por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, aunque el fiscal Cossío reveló que la investigación “será ampliada” a los entonces ministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, los dos integrantes del gabinete de gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Poco después de asumir la presidencia el socialista Luis Arce, Bolivia anunció que expertos del “más alto nivel” y el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, viajarían para investigar las muertes de Senkata y las de Sacaba, otra masacre con 11 muertos en la capital del Chapare y segunda ciudad más poblada del departamento de Cochabamba, cometida el 11 de noviembre de 2019.

Por los sucesos de Sacaba y Senkata, la anterior Asamblea Legislativa había sugerido la apertura de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades.

En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

La administración de Áñez dispuso un resarcimiento de 100.000 bolivianos (unos 14.000) dólares, en el caso de las familias de las víctimas mortales, y entre 50.000 (7.000 dólares) y 10.000 (1.400 dólares), en el caso de los heridos. (Télam)