El mismo día que Brasil sumó 1.300 muertos por coronavirus y superó los 13 millones de casos, San Pablo y Río de Janeiro, las dos ciudades más pobladas y más golpeadas en el país, pusieron hoy fin a 10 días festivos con los que sus gobernantes intentaron contener el fuerte avance de la pandemia.

Con una pandemia que sigue fuera de control y que podría acelerarse todavía más tras los feriados de Semana Santa, el gigante sudamericano registró 1.319 nuevos decesos, una cifra que suma un total de 332.752, y reportó 28.645 casos, lo que hizo que el país superara los 13 millones y reforzara su segundo lugar en la tabla mundial, sólo detrás de Estados Unidos, informó la agencia de noticias Sputnik

En este aterrador contexto, San Pablo y Río pusieron fin a 10 días festivos, luego de que sus Gobiernos adelantaron diversas festividades en un intento de estimular el aislamiento social y frenar la propagación del virus, aunque las aglomeraciones registradas en ese periodo y la habilitación de eventos religiosos presenciales volvieron a encender las alertas en un país con un sistema de salud colapsado y con proyecciones negativas.

Luego de atravesar marzo, que con 66.800 fallecidos fue el mes con más muertes desde que se inició la pandemia, un estudio del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington proyectó hoy que a fines de junio la cantidad de decesos podría llegar a 600.000.

Las proyecciones fueron elaboradas a partir de modelos de análisis que incluyen variables como porcentaje de personas que usan tapabocas, grado de diseminación de las nuevas variantes brasileña, británica y sudafricana, nivel de desplazamiento de las personas no vacunadas y la evolución de la vacunación.

Pese a semejante panorama, el Gobierno de Jair Bolsonaro no da respuesta al aumento de casos y se niega a imponer medidas preventivas o restricciones a nivel nacional, como la asistencia a misas, que fueron incluidas por el mandatario entre las llamadas "actividades esenciales".

Un claro ejemplo fue este domingo de Pascua, cuando los templos evangélicos de algunas capitales estuvieron repletos de fieles luego de que un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) autorizara la realización de ceremonias de cultos pese a la pandemia.

El magistrado Kassio Nunes Marques, designado por Bolsonaro, autorizó los eventos religiosos al dar lugar a un pedido hecho por la Asociación de Juristas Evangélicos contra el refuerzo del aislamiento en Semana Santa decretado por varios gobernadores y alcaldes.

La Iglesia Universal del Reino de Dios y otras corrientes neopentecostales celebraron cultos en todo el país, y hubo algunos templos abarrotados de público.

En contraste, la Conferencia de Obispos Católicos recomendó que se respete el aislamiento.

La Arquidiócesis de San Pablo, la más importante del país, tampoco realizó misas presenciales ayer.

El decano de los jueces del Supremo, Marco Aurelio Mello, sostuvo que la medida de su colega Nunes Marques causó "inseguridad jurídica" y aseguró que son los gobernadores quienes tienen competencia para determinar el distanciamiento social.

Hoy, otro juez del STF negó un pedido para permitir la celebración de misas en San Pablo, lo que generó un conflicto en la corte que será dirimido el miércoles.

El conflicto generado en el STF en torno a la apertura de las iglesias se suma a decenas de decisiones contradictorias ya dictadas por tribunales en todo el país en relación a la pandemia, en su mayoría vinculadas con la recuperación de las actividades económicas o en escuelas, autorizada por un juez y negada por otro o viceversa.

Otro ejemplo de esas continuas discordias se vio hoy en Río de Janeiro, donde el Gobierno local había permitido la reapertura de las escuelas, pero esa decisión fue anulada en forma cautelar por un tribunal.

Con más de 212 millones de habitantes, en Brasil fueron hasta ahora vacunadas 19,4 millones de personas, equivalentes al 9,2 % de la población brasileña.

Varios estados brasileños, entre ellos el poblado San Pablo, comenzaron hoy a vacunar contra el coronavirus a policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad.

Según informó el Gobierno paulista en un comunicado, en esta región se espera vacunar a 180.000 personas entre policías militares, civiles, bomberos y funcionarios de prisiones, además de otros ciudadanos que desempeñan diferentes tareas de seguridad.

La vacunación avanza a diferentes ritmos en función de la región, pero en la mayoría de los estados ya se está aplicando a personas de entre 60 y 70 años. (Télam)