A dos años de la masiva explosión que arrasó con Beirut, la capital del Líbano, familiares de las víctimas marcharán hoy hacia el puerto siniestrado en reclamo de verdad y justicia por los 200 muertos y miles de heridos.

La marcha llega un día después de que un grupo de 37 expertos en derechos humanos de diferentes ONG pidiera a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas una investigación internacional "rápida e independiente" sobre la explosión.

Además de los muertos y heridos, el estallido del 4 de agosto destruyó grandes zonas de la capital del Líbano, que desde hace años está inmerso en una crisis financiera sin precedentes, que se suma a su acostumbrada inestabilidad política.

La explosión en Beirut "requiere una investigación rápida e independiente que subraye las obligaciones internacionales de derechos humanos, aclare responsabilidades y conduzca a la justicia y la rendición de cuentas", expresaron los 37 expertos en derechos humanos en un comunicado dado a conocer a última hora de ayer.

La explosión del 4 de agosto de 2020 se registró en un depósito del puerto de Beirut en el que se almacenaba una gran cantidad de nitrato de amonio, un químico altamente inflamable.

Unos 77.000 departamentos resultaron severamente dañados, lo que dejó más de 300.000 personas sin hogar, entre ellos 80.000 niños, según la ONU.

Autoridades locales dicen que 200 personas murieron y 7.000 resultaron heridas.

Dos años después del incidente, los estragos de la explosión se siguen notando en Beirut y el Líbano.

Pero la investigación sobre las causas de la explosión sigue estancada en medio de la interferencia política, y ninguna autoridad estatal ha sido responsabilizada por la tragedia.

La semana pasada se derrumbaron varios silos de granos seriamente dañados, que servían como tristes símbolos del desastre, y otros más están en peligro de caer, advirtieron los expertos.

La megaexplosión sumó caos a una nación inmersa en la peor crisis económica de su historia, marcada por apagones, inflación descontrolada y un desánimo generalizado.

Los manifestantes partirán en tres marchas separadas que se encontrarán al mediodía en el puerto, donde el olor a humo persiste y los granos fermentados arden con el calor del verano, informó la agencia de noticias AFP.

La clase dirigente del Líbano es acusada de corrupción y negligencia por una población que enfrenta carencias de combustible, medicamentos y agua potable.

Los apagones duran hasta 23 horas por día, las calles permanecen a oscuras por la noche y los semáforos no funcionan.

Entre tanto, la investigación está en peligro de acabar debido a que funcionarios han limitado el trabajo del investigador, Tarek Bitar, con una serie de acciones legales.

Un funcionario judicial cercano a las investigaciones dijo que el trabajo del juez Bitar está paralizado desde el 23 de diciembre.

Las familias de las víctimas están divididas, con algunas que acusan a Bitar de estar sesgado y otros que lo ven como su única esperanza.

El grupo de expertos en DDHH dijo que como el proceso de investigación nacional ha sido bloqueado en varias ocasiones, las familias de las víctimas han solicitado a la comunidad internacional una investigación independiente.

"Esta tragedia marcó una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia reciente, pero el mundo no ha hecho nada para averiguar por qué sucedió (...) En el segundo aniversario de la explosión (...) pedimos que se inicie una investigación internacional sin demora", expresó el grupo, en el que destacan organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Acción Legal Internacional. (Télam)