Por Elvino Bohn Gass, diputado federal y jefe del bloque del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados y Wadih Damous, jurista, ex diputado federal del PT)y presidente de la Orden de los Abogados de Brasil en la filial de Río de Janeiro.


El expresidente Lula acaba de cumplir dos años de libertad tras una condena arbitraria, con objetivos políticos e ideológicos. Estuvo 580 días en prisión, desde el 7 de abril de 2018 al 8 de noviembre de 2019. Un total de 21 causas fraudulentas interpuestas en su contra por la llamada “Lava Jato” fueron revocadas por el Supremo Tribunal Federal, la corte suprema, y otras instancias del Poder Judicial.

Todo ha sido anulado. Tres años después de las últimas elecciones presidenciales en Brasil, la situación ha cambiado por completo. Lula ha recuperado sus derechos políticos y lidera todas las encuestas para las elecciones de 2022.

Sin embargo, la prensa brasileña, en general, todavía intenta ignorar esta realidad.

La Constitución brasileña determina que Lula debe ser tratado y declarado inocente de todas las acusaciones que le han imputado hasta el momento. No existe una sola prueba lícita y seria que permita descartar su inocencia. El Poder Judicial reafirmó plenamente que Lula fue víctima de una persecución política institucionalizada. Lo que queda contra él son el resentimiento, el odio de clase, las “certezas delirantes” y ‘’lógicas inquisitoriales”.

Sin embargo, a pesar de que fueron los instigadores y, en varias ocasiones, cómplices de los abusos de la investigación y persecución de Lava Jato, así como coautores de la confusión en la opinión pública, los medios brasileños insisten en mantener un aura de duda y desinformación sobre la inocencia de Lula.

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Se ocupan de tratar el caso y las absoluciones de Lula por una fantasiosa tesis de “subterfugios técnicos legales”. Un diario llegó a decir que Lula aún debía cargar con una supuesta responsabilidad y que todavía está en deuda con el país, incluso con su inocencia reconocida por los tribunales.

Se cultivaron confusiones técnicas en el imaginario popular sobre estos procesos, como la noción de “justa causa”. En Derecho, el concepto se refiere a la prueba de autoría y materialidad: un mínimo de información que permite a las autoridades públicas manifestar quien es el sospechoso y que delito se cometió, con un testigo, un rastro o una consecuencia del hecho.

En al menos siete de los 21 procesos ganados por la defensa de Lula faltó información suficiente para una acusación y la justa causa, por lo que fueron archivados. La sospecha sobre el exjuez Sergio Moro contaminó buena parte de las acciones desde el inicio, pero las decisiones definitivas que archivaron los procesos, en general, declararon sin lugar a dudas la ausencia de justa causa para la continuación de las acciones penales.

En tres casos, ni siquiera se describió un delito y la Justicia reconoció expresamente que las denuncias buscaban tipificar como delito actividades típicamente políticas. En los casos de “instigación a la invasión de un departamento” y la supuesta financiación irregular de obras en Angola, por parte del banco público BNDES, los tribunales reconocen que se tratan de acusaciones confusas, vagas y sin precisión. El Ministerio Público Federal ni siquiera pudo describir el supuesto crimen alegado por los fiscales.

Innegablemente, Lula fue víctima de “lawfare” –la utilización del proceso judicial como arma de persecución política e ideológica– y no puede ser tratado públicamente como un “no culpable”, como alguien que, “por suerte”, escapó de la prisión. La inmensa mayoría de las causas se cerraron en el tribunal de primer grado y no en el Supremo Tribunal Federal. Es inaceptable hablar de “supuesta” inocencia.

Delatores premiados que acusaron a Lula lo hicieron con el objetivo de obtener ventajas procesales, eximirse de culpa y permitir que el Ministerio Público lograse su persecución contra el expresidente. Antes de ser desenmascaradas, las versiones de los denunciantes fueron ampliamente difundidas por los medios nacionales. A propósito, acaba de estallar un nuevo escándalo: el fiscal Deltan Dallagnol, en un acto de abierta delincuencia, revisó y redactó la declaración firmada por el informante Pedro Barusco y trató de incluir el PT para crear un “hecho político”.

Afirmar la inocencia de Lula es una deuda de los grandes medios de la prensa brasileña que participaron activamente en la construcción de su falsa culpabilidad. Pero, más allá de eso, es necesario un movimiento colectivo para la maduración de la conciencia crítica de la población sobre los mecanismos siempre latentes de promoción de opresión e injusticia del poder punitivo.

(Télam)