Los conceptos de "genocidio" y "crímenes de guerra", a menudo usados con cierta irresponsabilidad y escasa prudencia por dirigentes y políticos para alimentar conflictos, tienen definiciones técnicas muy precisas, a menudo centro de polémicas por sus alcances.

La discusión sobre el "genocidio" fue reflotada porque los líderes Joe Biden, de Estados Unidos, y Justin Trudeau, de Canadá, usaron el término para definir el accionar de las tropas rusas en Ucrania.

Y días antes, a partir del hallazgo de decenas de cuerpos en la ciudad de Bucha y del ataque a una estación de tren en Kramatorsk, la noción de "crímenes de guerra" volvió a ser lanzada desde varios discursos.

Más aún, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió ya una investigación sobre la guerra en Ucrania, a partir de una visita del jefe de fiscales, el británico Karim Khan, al territorio.

Un repaso por las definiciones y los casos en los que lo sucedido fue calificado como tal puede colaborar con el debate:

-Genocidio: según el Estatuto de Roma, de 1998, consiste en ordenar actos para destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Esos actos pueden ser matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, sometimiento a las víctimas a unas condiciones que puedan destruirlos físicamente -por ejemplo, con la obligación de desplazamientos o con el impedimento a la alimentación- y hasta impedir el nacimiento de miembros del grupo a través prácticas como la esterilización forzosa.

Se debe el término al abogado judío polaco Raphael Lemki, que lo acuñó en 1943, a partir de la palabra griega genos, que significa "grupo familiar", y el sufijo "cida" o "cidio", que proviene del latín y significa "que mata o extermina".

Fue usado por primera vez en el Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que la Asamblea General de la ONU aprobó en 1948.

Después aparecería tipificado en los estatutos de los tribunales penales internacionales formados en 1993 para la ex-Yugoslavia y en 1994 para Ruanda.

La Corte Penal Internacional solo abrió un caso por genocidio: a Omar al Bashir, dictador de Sudán entre 1993 y 2019, acusado de cometer crímenes graves entre 2003 y 2008 en la región de Darfur.

Se considera que el de los rohingyas, en 2017, es el genocidio más reciente. Miles de personas de esa minoría étnica fueron asesinadas u obligadas a irse por el Ejército de Myanmar.

Hay quienes reclaman considerar genocidio a la persecución a los uigures, una minoría musulmana, en China.

Para Cecily Rose, profesora de Derecho público internacional en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, "no parece que lo que está ocurriendo en Ucrania entre en la definición de genocidio". "La palabra debería usarse con mucha atención y prudencia", evaluó.

Por su parte, el profesor de Derecho internacional en la universidad Middlesex, en Londres, William Schabas, dijo a la agencia AFP que "la palabra genocidio tiene una definición legal precisa, pero también se usa por los políticos y activistas por su capacidad de caldear los ánimos e indignar".

-Crímenes de guerra: es un acto que se comete durante un conflicto armado, que viola las leyes humanitarias internacionales, que son las que fijan qué se puede hacer y qué no. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), se consideran crímenes de guerra el asesinato o malos tratos contra prisioneros de guerra, los trabajos forzados, el genocidio o la violación, entre otros.

Y la definición se completa con un concepto tajante: se puede matar a enemigos combatientes, siempre militares, pero no se pueden matar civiles.

Son varios los tratados que regulan estos delitos, entre ellos la Convención de Ginebra de 1949.

Estos casos se investigan como otros con recolección de pruebas, testigos y análisis forenses, y lo común es que probarlos lleve muchos años.

"Está relacionado con la forma de conducir las hostilidades: dónde puede atacarse, qué métodos se pueden usar, qué armas; el Derecho Humanitario prevé que los civiles nunca deben ser blancos de ataques", explicó a Télam Natalia Luterstein, abogada especializada en Derecho Internacional.

Luterstein afirmó que "atacar objetivos militares y afectar a civiles es muy distinto que atacar directamente blancos civiles; el problema de las guerras modernas es que los blancos están en las ciudades; antes, los objetivos estaban más alejados o había una suerte de 'campo de batalla', pero ahora están dentro o muy cerca de los centros urbanos".

La guerra en Ucrania tiene una particularidad: ni el país invadido ni Rusia son parte del Estatuto de Roma, por lo que no están obligados a cumplir sus resoluciones. De todas formas, Kiev hizo dos declaraciones, una en 2014 y otra en 2015, por las que reconoció cierta jurisdicción para que actúe la CPI y en el caso del último pronunciamiento, "sin límites temporales".

"Estamos ante un conflicto que nos espanta. Acaba de empezar y la justicia penal internacional se pone en marcha", opinó Céline Bardet, jurista e investigadora criminal internacional, que no ocultó su sorpresa ante el hecho de que el fiscal de la CPI haya ido a Kiev.

"Muy bien que haya decidido abrir una investigación tan rápido. Espero que lo haga en adelante en todos los conflictos", dijo a la agencia AFP, y advirtió que la Justicia "necesita distancia para no caer dentro de todo este alboroto, porque sus tiempos no son los de los conflictos".

El riesgo, según Bardet, es que la CPI sea vista como una institución que "trabaja cuando los occidentales la impulsan a hacerlo".

(Télam)